Fernando Correa Jolly y Ricardo Arango Pezet, exintegrantes de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), fueron indagados este lunes 17 de octubre en la Fiscalía Primera Anticorrupción, como parte de la investigación abierta por el préstamo otorgado por la entidad estatal a la empresa contratista del centro de convenciones de Amador.
Correa informó de su conducción temprano en la mañana, a través de su cuenta en la red social Twitter. El abogado de Correa, Ángel Calderón, también confirmó la acción.
Correa Jolly es presentador y productor de Nextv, canal de televisión propiedad del expresidente Ricardo Martinelli.
"Aquí estoy para demostrar a todos que no tengo nada que esconder", dijo Correa a los periodistas, cuando salió de la fiscalía para almorzar, poco antes de la 1:00 p.m., cuando se decretó un receso en la diligencia. También dijo que los agentes que realizaron la conducción lo hicieron en apego a la ley. La diligencia se suspendió poco antes de las 7:00 p.m. y se reanudará el próximo jueves 20 de octubre. Correa comunicó a los medios que no se le impusieron medidas cautelares.
Además de Correa, a la fiscalía acudieron Jason Pastor, exgerente general, y Ricardo Arango Pezet, también antiguos miembros de la junta directiva de la CA. Pastor fue conducido por agentes policiales. Arango Pezet, esposo de la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, concurrió voluntariamente al despacho de la fiscal Tania Sterling. La indagatoria de Arango seguirá el miércoles 19 de octubre; mientras que la de Pastor se reanudará mañana martes.
También Anastacio Ruiz De León y Ricardo Chanis, ex integrantes de la junta directiva del banco estatal, fueron citados por la fiscalía. Chanis es presidente de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), también propiedad de Martinelli. Actualmente se encuentra en México, donde se celebró la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El Ministerio Público emitió un comunicado para precisar que la investigación no está dirigida a ningún medio de comunicación, ni guarda relación con el ejercicio de la profesión del periodismo. "El Ministerio Público es respetuoso de la libertad de expresión como mecanismo impensable para la vida en democracia", señala la nota de prensa.
[Lea el comunicado completo del Ministerio Público aquí].
El MP advirtió que las órdenes de conducción o traslado de las personas relacionadas con las investigaciones, son ejecutadas por las autoridades policiales.
Por orden de la fiscal Sterling me están conduciendo al Avesa @nexnoticias @KWCONTINENTE
La semana pasada, la Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención provisional de Riccardo Francolini Arosemena y Rodrigo Arosemena Pino, presidente de la junta directiva y subgerente general de la CA, respectivamente, en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). También se ordenó la detención de otras tres personas ya indagadas.
La investigación la adelanta la fiscal Tania Sterling, por la presunta comisión de delito contra la administración pública (en la modalidad de peculado agravado). El expediente tiene relación con un préstamo de $9 millones avalado por la junta directiva de la CA, entonces presidida por Francolini, a favor del consorcio HPC-Contratas-P&V, a cargo de la construcción del centro de convenciones de Amador, un proyecto de $193 millones adjudicado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
"El préstamo tenía todas las garantías y se pagó. Es un préstamo pagado... Lo que recuerdo es que estaba garantizado", dijo Correa a los periodistas.
El consorcio, que finalmente no pudo concluir la obra, está ligado al exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi López.
En el documento con el que la fiscalía ordenó la indagatoria de Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA, entre otros, se determinó, que "las facilidades otorgadas para lograr los desembolsos implicaban más de una excepción y constituían una conducta dolosa, ya que primero se autorizó el desembolso y luego se verificó la seguridad del retorno de los fondos al Estado (...)".
Francolini fue además directivo de las empresas estatales Aeropuerto Internacional de Tocumen y Empresa Nacional de Autopistas (ENA), en la administración pasada. Además, es presidente de Compañía Digital de Televisión, S.A., que opera Nextv.
Al igual que ocurre con Correa y Chanis, la investigación seguida a Francolini por la Fiscalía Primera Anticorrupción no guarda relación con su vinculación a Nextv, ya que está ligada con sus actuaciones como presidente de la junta directiva de la CA.
Gremios advierten sobre la forma en la que fue conducido Correa Jolly
El Consejo Nacional de Periodistas (CNP) y el Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información observan "con profunda preocupación" la forma la forma en la que se produjo la conducción del periodista Fernando Correa Jolly.
"Comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y de prensa, esperamos que las autoridades competentes cumplan con las investigaciones judiciales conforme al derecho. Nos mantenemos en alerta permanente en caso de que estas diligencias puedan lesionar el ejercicio libre del periodismo y de la libertad de expresión", señala el comunicado que firman conjuntamente Rita Vásquez y Guillermo Antonio Adames, presidentes del CNP y el Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, respectivamente.
[Lea el comunicado completo del Consejo Nacional de Periodistas y el Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información aquí].
Igualmente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución en la que pide al gobierno panameño cesar "la campaña de debilitamiento y desprestigio" emprendida contra los directivos y periodistas Editora Panamá América, S.A. (Epasa) y Compañía Digital de Televisión, S.A.
La Secretaría de Comunicación del Estado emitió un comunicado en el que reitera que ha sido fiel garante de los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, que firmó el presidente Juan Carlos Varela el año pasado.
"La SIP ha sido históricamente estandarte de la lucha contra la corrupción y por ello nos sorprende el tenor de dicha resolución, la cual confunde un tema de justicia y rendición de cuentas con los sagrados principios de la libertad de expresión. Los procesos que adelanta el sistema judicial panameño contra actos de corrupción versan sobre delitos comunes", indica la nota oficial.
"El gobierno rechaza enfáticamente que se utilice un organismo del nivel y la trayectoria de la SIP para debilitar los esfuerzos de un órgano del Estado panameño por investigar posibles delitos contra el patrimonio del Estado", agrega.
