La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la indagatoria de 18 personas ligadas a la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific (FP) durante el gobierno pasado.
La fiscal requiere en indagatoria a los fundadores de FP, West Valdés e Iván Clare; al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini; a los abogados Ramsés Owens y Joel Watson, y al exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi.
También a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, y a Cristóbal Salerno, de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) -sociedad que en el gobierno pasado tuvo el contrato exclusivo para cobrar la cartera morosa del Estado- y su hija María Alejandra Salerno Gómez.
Igualmente, la fiscal ordenó la indagatoria de Ori Sasson Zbeda Levy, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez, Margie Ángel Cohen, Ramón Carretero Napolitano, Valentín Martínez Vásquez, Salomón Jack Btesh y Harry Nessim.
Ramsés Owens acudió a la fiscalía y tendrá que regresar el próximo viernes 27 de abril, para ampliar su indagatoria. Al lugar también se acercó Marcela Araúz, abogada de Francolini.
También se presentó Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, quien advirtió que su cliente comparecerá el próximo lunes. También hizo hincapié en que -según él- hay doble juzgamiento.
"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.
A todos se les investiga por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
En 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) advirtió al Ministerio Público sobre “conductas graves que atentaban contra la economía nacional”. La SMV reportó que las sociedades High Spirit y Jal Offshore, ambas con cuentas en FP, recibían fondos de procedencia desconocida, y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals. Las cuentas, dijo la SMV, estarían vinculadas a Martinelli.
El caso estaba paralizado, a la espera de que la fiscalía recibiera información solicitada a Canadá, país donde cotiza Petaquilla Minerals, holding de Petaquilla Gold, que operaba en Panamá y que dejaría al descubierto quiénes y cómo se habrían beneficiado del uso de información privilegiada para adquirir acciones de la compañía.
Se trata de dos asistencias judiciales que fueron tramitadas el 11 de octubre de 2016 y el 21 de marzo de 2017. Ambas se gestionaron a través de la oficina de Tratados de Asistencia Legal Mutua, el 13 de febrero de 2017 y el 6 de abril de 2017, respectivamente, luego de ser traducidas.
El 14 de junio de 2017, el Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal dictó sobreseimiento provisional de este caso. Desde entonces, el Ministerio Público anunció que solicitaría la reapertura del caso, una vez llegara la información solicitada a Canadá.
De acuerdo con la denuncia de la SMV, High Spirit y Jal Offshore, con cuentas en FP, recibían fondos de procedencia desconocida, y en algunos casos ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals e Inmet Mining.
