Ha pasado casi un mes desde que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisionalmente los efectos del contrato de compra de 19 radares a Selex –filial de Finmeccanica– después de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentara una demanda de nulidad por “ilegal”.
El alto tribunal señaló en el fallo que hay “graves indicios” de que en la firma del contrato en 2010 entre Panamá y la subsidiaria del conglomerado italiano hubo desviación de poder.
Los magistrados resolvieron que existían síntomas que hacían pensar que el fin último de la contratación comercial no fue la adquisición de un sistema de radares para combatir el narcotráfico, sino el lucro ilícito, tanto de funcionarios del anterior Gobierno de Panamá como de Finmeccanica.
En este sentido, citaron documentos judiciales que reposan en el Tribunal de Roma y que fueron enviados a Panamá, prueba para los fiscales italianos del intento de desvío de $25 millones en coimas, cuyo destinatario final era “el entorno del entonces presidente Ricardo Martinelli”, según la documentación consultada.
El delito invocado para tramitar la demanda contra Finmeccanica refiere “la emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley”.
Pese a las connotaciones de ilegalidad que se presuponen en la actuación de Finmeccanica, la poderosa empresa cuyo mayor accionista es el Tesoro italiano, no revela si pretende recurrir la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La Prensa ha tratado de contactarla en numerosas ocasiones, pero la respuesta ha sido el silencio. No obstante, la estrategia del mutismo adoptada por Finmeccanica no se aplica a todos los medios de comunicación.
El pasado 22 de agosto, la revista estadounidense Defense News publicó un largo artículo sobre la demanda presentada por el Gobierno panameño e incluyó declaraciones del conglomerado italiano.
“Finmeccanica ha conocido la solicitud hecha por el Gobierno panameño a la Corte Suprema de Justicia local para cancelar un contrato adjudicado al grupo en 2010.
Finmeccanica aclara que la solicitud –en relación con el único contrato para la red de radares de vigilancia costera– parece estar basada en un supuesto intento de corrupción; hasta hoy, ningún intento de corrupción ha sido probado en los tribunales pertinentes. Además, hasta donde nosotros sabemos, el Tribunal panameño ya ha desestimado el caso”.
Estas declaraciones atribuidas a Finmeccanica suponen un hecho falso, pues la Corte suspendió los efectos del contrato cuatro días después de reportarse la información.
El próximo 29 de octubre se reanudará el juicio a Valter Lavítola, quien ya tiene dos condenas en Italia por 3 años y 11 meses por casos relacionados con Panamá, y a Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica, a quien se juzga por el presunto desvío de $25 millones en coimas en las adjudicaciones al conglomerado italiano.
Panamá se constituyó como “parte ofendida” en este proceso por corrupción internacional que se sigue en Roma, lo que constituyó un argumento más para los jueces panameños en virtud de la suspensión del contrato con Finmeccanica.
