Los contratos y concesiones otorgados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el gobierno pasado están bajo la lupa del Ministerio Público (MP), que investiga, al menos, dos casos por la posible comisión de delitos contra la administración pública en esa terminal aérea.
Una de las investigaciones está a cargo de la Fiscalía Tercera Anticorrupción –dirigida por la fiscal Zuleyka Moore– y guarda relación con posibles irregularidades en los contratos adjudicados a empresarios ligados al “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli.
Mientras tanto, la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, adelanta otro proceso relacionado con una denuncia anónima, en la que se menciona “un posible manejo inadecuado y recurrente en los contratos que asignó la terminal aérea”.
Ambas fiscalías han ordenado inspecciones oculares en las oficinas de Tocumen, S.A., en busca de documentos clave para los procesos, a la vez que han solicitado auditorías a la Contraloría General de la República.
La fiscal Morcillo solicitó al Órgano Judicial la acumulación de los dos procesos en un solo expediente, pero esta decisión no ha sido tomada todavía.Bajo la gerencia de Juan Carlos Pino en Tocumen, S.A., y con la aprobación de la junta directiva presidida por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, se licitaron, por ejemplo, los servicios de aseo y de limpieza por 19 millones de dólares y 5.6 millones de dólares, respectivamente.
FISCAL PIDE ACUMULAR CASOS DE TOCUMEN
La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, solicitó al Órgano Judicial que acumule en un solo expediente dos casos relacionados con posibles irregularidades en las concesiones y contratos que se otorgaron durante el gobierno pasado en Tocumen, S.A., empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Morcillo tiene a su cargo el proceso número 493-14 que guarda relación con una denuncia anónima que llegó al Ministerio Público (MP), en la que se pide que se investigue el posible uso “inadecuado y recurrente” en los contratos en Tocumen, S.A.
El denunciante advirtió en el documento que la mencionada empresa estatal, “en complicidad con la Contraloría”, tramitó y pagó contratos a empresas “que no cumplieron con el servicio y mucho menos con los montos”.
Mientras que la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en el expediente 376-19, analiza de oficio posibles irregularidades en contratos otorgados al llamado “círculo cero” del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
En ambas pesquisas se investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública. Las dos fiscalías han desarrollado inspecciones oculares en las oficinas de la compañía estatal, y han solicitado auditorías a la Contraloría General de la República.
“Se trata de hechos similares (...)”, advirtió Morcillo al hacer su solicitud al Juzgado Primero de Circuito, dirigido por Rolando Quesada Vallespi, quien, en un fallo del 19 de abril pasado, decidió pasarle esta solicitud al Juzgado Decimoprimero de Circuito Penal, a cargo de Eduardo De La Torre. Argumentó que, anteriormente, este juzgado había decretado la acumulación de otros procesos relacionados con este tema.
Es que en principio, cuatro fiscalías Anticorrupción abrieron investigaciones de oficio por supuestas irregularidades en Tocumen, S.A., pero posteriormente estos se acumularon en dos casos.
LOS ESCÁNDALOS
Investigaciones periodísticas dan cuenta de que entre 2009 y julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se otorgaron 87 concesiones comerciales.
Entre los contratos asignados figura uno de 2011 para la administración y operación de estacionamientos de automóviles. Juan Carlos Pino, exgerente de Tocumen S.A., pactó con Republic Parking Tocumen, S.A. (después Sky Parking, S.A.) ese negocio de manera secreta. Sky Parking, S.A. estaba ligada a Gabriel Gaby Btesh y al abogado Francisco Pérez Ferreira.
El 22 de julio de 2014, el presidente Juan Carlos Varela comunicó al país que Sky Parking, S.A. había dado por terminado, de manera irrevocable, su contrato para la administración y operación de esos estacionamientos. Lo hizo cuatro días después de que el propio Varela comunicara que en la administración pasada se detectaron contratos “lesivos al patrimonio del Estado”, y mencionó que uno de ellos se encontraba en esa terminal aérea.
