Mientras los fiscales de Brasil sostienen que el Ministerio Público de Panamá no está cooperando con las investigaciones de la operación Lava Jato en el país, la Procuraduría General de la Nación aseguró este martes, 31 de mayo, en un comunicado de prensa que sí ha cumplido.
El documento señala que la Procuraduría “ha cumplido en dar respuesta a las asistencias penales internacionales que se han solicitado por diferentes países, como es el caso de la solicitud realizada por fiscales brasileños que llevan el caso de la macrooperación de Lava Jato”.
El comunicado se refiere a las recientes declaraciones de un fiscal brasileño involucrado en la operación Lava Jato, quien dijo que “Panamá no quiere mandarnos toda la documentación de la cuenta panameña [de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A.], a pesar de nuestra insistencia”.
Según informes de los fiscales brasileños, la sociedad panameña recibió –entre 2007 y 2014– al menos 50 millones de dólares, provenientes de compañías offshores controladas por la empresa brasileña Constructora Odebrecht, S.A.
“La cuenta panameña de Constructora [Internacional] del Sur que se mantenía en Panamá fue usada por Odebrecht para hacer pagos de coimas, pero Panamá no está cooperando con las investigaciones”, indicó a La Prensa una fuente del Ministerio Público brasileño ligada a las indagaciones de Lava Jato.
Pero, según el Ministerio Público, Panamá sí ha cooperado. “Hace unos meses cumplimos en remitir la respuesta oportuna a la solicitud de asistencia penal presentada por parte de Brasil, cumpliendo con el principio de confidencialidad...”.
Si bien los fiscales brasileños han confirmado que han recibido cooperación de parte de Panamá, afirman que esta respuesta recibida hace unos meses –y cuyo contenido se desconoce– es insuficiente, porque solo se ha cumplido con una parte y esto ha provocado un bloqueo en el avance de las investigaciones en la operación Lava Jato.
Sobre el particular, el Ministerio Público de Panamá sostuvo: “en materia de información sobre cuentas bancarias, se requiere que la solicitud presentada sea más específica y precisa realizar la otra parte de la colaboración y así cumplir con nuestro derecho interno”.
Constructora Internacional del Sur, S.A., una sociedad que abrió cuentas en dos bancos locales, tiene reportes de operaciones sospechosas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que fueron entregados el año pasado, pero la totalidad de esa información permanece al margen de los fiscales brasileños.
Por otro lado, la Procuraduría de la Nación aclaró en el comunicado que la Ley 6 de 2002 (transparencia) califica esta clase de información como de acceso restringido, “por tratarse de un proceso judicial, motivo por el cual, nos vemos compelidos a no proporcionar ni hacer referencia a mayores detalles sobre la tramitación que llevan a cabo las autoridades del Ministerio Público panameño”, de ahí que se desconozca cuál fue la información que envió Panamá a Brasil sobre las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur.
La Procuraduría añade en la nota que “ante las reiteradas informaciones que afirman que Panamá no ha cooperado con las autoridades judiciales brasileñas”, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, durante su reciente viaje a Viena (Austria), en el marco de la vigesimaquinta sesión de la Comisión para la Prevención de Delito y Justicia Penal, a través de la embajadora de Panamá en ese país, Paulina Fransechi, “solicitó reunión bilateral con el fiscal general adjunto de Brasil, José Bonifacio de Andrada, con el propósito de abordar el tema y aclarar nuestra posición en colaborar con las asistencias internacionales”.
De ese encuentro, los fiscales brasileños dijeron a La Prensa que le expresaron a Porcell la importancia de que el pedido de información sobre la cuenta bancaria en Panamá –usada por Odebrecht para pagar coimas– sea resuelto todo.
La lista de naciones extranjeras donde la Operación Lava Jato ha tenido alcance, llega a 39. Según documentos que reposan en el sumario judicial a los que ha tenido acceso La Prensa, el dinero desviado, que la Policía Federal calcula en cientos de millones de dólares, transitó por 30 países distintos.
Panamá fue un importante enclave para canalizar coimas millonarias y para ocultar el origen ilícito del dinero a través de empresas offshore y cuentas bancarias, dijeron.
