La Fiscalía Primera Anticorrupción realizó este jueves, 20 de octubre, inspecciones oculares en búsqueda de pruebas y siguió con las indagatorias a varios imputados en la investigación que adelanta por supuesto peculado agravado en un préstamo de $10 millones que aprobó la Caja de Ahorros (CA) en 2012 a favor del consorcio HPC-Contratas-P&V para la fallida construcción del centro de convenciones en Amador.
BUSCAN ACTAS Y UBICAN CHEQUE DE $7 MILLONES
La agencia de instrucción del Ministerio Público (MP) ejecutó una inspección ocular en la casa matriz de la CA, ubicada en la vía España, buscando las actas suscritas por la entonces junta directiva de esta entidad estatal, en las que se avaló la millonaria línea de crédito, que es objeto de la investigación, relató una fuente.
También la citada diligencia se practicó para establecer con certeza la fecha exacta en que se aprobó el préstamo y la participación de cada uno de los exdirectivos de la CA en la decisión tomada a finales del 2012.
Esta es la segunda inspección hecha por la fiscalía en la sede de la CA, ya que en una primera, efectuada el pasado miércoles, se obtuvo copia del manual de procedimientos que había sido usado por la directiva de la entidad bancaria para el otorgamiento del millonario préstamo.
Además, los funcionarios del MP obtuvieron información sobre el funcionamiento de las secciones de crédito corporativo, prestaciones comerciales y préstamos para construcción de proyectos de vivienda e industriales de la CA.
El pasado 13 de septiembre, la fiscalía efectuó una inspección ocular en las instalaciones del Canal Bank entidad que compró el Banco Universal, ligado a la familia del exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, detalla la providencia emitida por la fiscal Tania Sterling.
Esta diligencia se efectuó con la intención de verificar las cuentas que mantenía en el antiguo banco la sociedad Summer Venture Inc., cuyos firmantes son Virzi y el empresario Ricardo Ricky Calvo.
En esa diligencia, la fiscalía logró ubicar la entrada del cheque de gerencia de la CA por la suma de $7 millones que fue depositado a la cuenta de Summer Venture Inc.
Según las pesquisas de la fiscalía estos $7 millones desviados a Summer Ventura Inc., fueron a parar a la cuenta de Financial Pacific para tapar el millonario desfalco que se registró en esa casa de valores.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, otros $850 mil del préstamo otorgado por la CA fueron transferidos a nombre de la sociedad Ilkeston Associates y $1 millón 500 mil a Langton International Holding Ltd.
INSPECCIONES EN ENTIDADES
También el MP hizo una diligencia de inspección ocular en la Autoridad de Turismo (ATP) para obtener copia del contrato suscrito por esa entidad y HPC-Contratas P&V referente al diseño y construcción del centro de convenciones de Amador, cuyo costo fue estimado entonces en $193 millones.
Este contrato fue firmado por el entonces administrador de la ATP Salomón Shamah y Gerson Lemer Hurtado, por HPC Contratas P&V.
En esta diligencia también se verificó el contrato celebrado entre la ATP y la empresa Prointec, contratada por esa entidad para que supervisara la construcción del centro de convenciones y, además, se obtuvieron copias de las cuentas pagadas a esa compañía. Igualmente, se logró documentación de la cesión hecha por HPC-Contratas P&V a favor de la empresa Cocige, la cual es la encargada en la actualidad de desarrollar el proyecto con un nuevo diseño.
Por otro lado, la fiscalía llevó otra diligencia de inspección en el Registro Público de Panamá para obtener copias del pacto social de las sociedades Summer Venture y HPC-Contratas P&V, Ilkeston Asociates Inc. y Langton Internacional Holding, todas ligadas a la investigación judicial.
LA CA NO ACLARA SI SERÁ QUERELLANTE
En tanto, el gerente general de la CA, Mario Rojas, afirmó en un boletín de prensa este jueves que la ciudadanía puede “tener la certeza de que la CA tomará las acciones necesarias para garantizar la protección, el patrimonio y la solidez de la institución que pertenece a todos los panameños”.
Rojas respondió así después de dos días de haber recibido una nota del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien le instó a que dicha institución fuese parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Rojas sostiene que la CA está comprometida en velar por la salud de la institución por lo que ha colaborado con las autoridades a cargo de la investigación con las que se mantiene en contacto permanente, vigilante y atenta a las acciones del Ministerio Público.
El procurador González instó a Rojas a constituirse en parte en el proceso y le advirtió que de no hacerlo, violaría varias disposiciones legales contenidas en la Constitución, el Código Judicial y el Código de Ética de los Servidores Públicos.
Además, excontralores y sectores de la sociedad civil han solicitado a la CA que se convierta en querellante en el proceso para que la entidad pueda reclamar una indemnización en caso de que se compruebe que se afectó su patrimonio con el préstamo que es investigado.
SALERNO, NUEVO IMPUTADO
Por otro lado, la fiscal Tania Sterling, a cargo de esta investigación, imputó también a Cristóbal Salerno, ligado a las sociedades Ilkeston Asociates Inc. y Langton Internacional Holding, esta última vinculada a Cobranzas del Istmo (Cisa), que obtuvo un contrato para el cobro de impuestos morosos del Estado en la pasada administración.
Salerno fue indagado el pasado miércoles sobre su relación con el proyecto y los desembolsos hechos por la CA a las sociedades vinculadas a él y que supuestamente iban dirigidos a la adquisición de equipos y acero para construir el centro de convenciones.
Durante la diligencia Salerno fue interrogado del alcance de su participación en la obra y si sus empresas se dedican al suministro de equipos o materiales de construcción.
Salerno tiene una solicitud de llamamiento a juicio en el juzgado primero penal por la investigación relacionada a los cobros de Cisa en el gobierno pasado. En este proceso están vinculados Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, y Magaly Ramos, exgerente de Cisa.
FRANCOLINI PIDE FIANZA
La defensa legal de Ricardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA, detenido provisionalmente desde el pasado 12 de octubre por la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción, presentó una solicitud de fianza de excarcelación ante el Juzgado Décimo Tercero Penal.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que el juzgado no ha resuelto la petición de fianza de Francolini porque no ha recibido el expediente que se mantiene aún en la fiscalía.
La juez decimotercera penal, Alina Hubiedo, deberá analizar el contenido de la investigación y determinar si Francolini califica para recibir el beneficio de una fianza de excarcelación y fijar el monto de esta.
OTROS RECURSOS
En ese mismo despacho la defensa de la exsecretaria de la junta directiva de la CA, Elyonor Samudio, presentó un incidente de controversia contra la orden de indagatoria expedida en su contra por la fiscal Sterling.
Este jueves, el juzgado colgó un edicto en el que notificaba a la fiscal Sterling del recurso presentado a fin de que presente su respuesta.
El edicto estará fijado por un término de tres días, tras lo cual, las partes quedarán debidamente notificadas y deberán presentar sus argumentos ante la juez Alina Hubiedo.
Por otro lado, en la tarde del jueves, Sterling cambió la medida de detención preventiva a país por cárcel para Samudio, quien permanecía en una celda de la Policía Nacional en Ancón desde el 12 de octubre pasado.
El cambio de medida se sustenta en que la funcionaria del banco estatal no votó en la aprobación de la línea de crédito otorgada por la junta directiva de la CA a favor del consorcio HPC Contratas P&V. No era directiva.
Ahora, además de Francolini, permanecen detenidos en celdas preventivas de la Policía Nacional en Ancón por este caso Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la CA, así como Gerson Lemer Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, ambos vinculados al consorcio HPC-Contratas- P&V.
Se informó que se mantiene la orden de conducción para Ricardo Chanis, exdirectivo de la CA, quien está pendiente de asistir a la indagatoria ante la fiscalía. Otro de los imputados en este proceso, Manuel Morales, ligado al consorcio que iba a construir el centro de convenciones, está fuera del país.
SIGUEN INDAGATORIAS
A las 9:30 a.m., Fernando Correa Jolly, exdirectivo de la CA, llegó al edificio Avesa para continuar con su indagatoria que había iniciado el 17 de octubre pasado.
Minutos después entró Jayson Pastor, exgerente general de la CA, acompañado de su abogado, para cumplir con su tercer día de indagatoria por este proceso.
Correa Jolly manifestó a su salida que “hemos podido aclarar que todo el trabajo que se hizo ahí fue con seriedad y apegado a las normas y a las leyes que regulan uno de los sistemas bancarios más importantes del mundo, que es el de Panamá”.
Ángel Calderón, defensa legal del exdirectivo de la CA, expresó que parte de la diligencia consistió en explicarle a la fiscal qué funciones le correspondían a su cliente en el momento en que se aprobó la línea de crédito.
Calderón confirmó que su defendido tiene que retornar el próximo miércoles 26 de octubre a las 10:00 a. m. para continuar con la diligencia de indagatoria.
Pasadas las 8:00 p.m. de ayer, abandonó la sede de la fiscalía Jayson Pastor, a quien se le suspendió la diligencia de indagatoria para continuarla el próximo martes 25 de octubre.
A ninguno de los indagados en el día de ayer se les impuso medida cautelar.
