La Fiscalía de Cuentas investiga a 11 personas y 2 sociedades por presuntas irregularidades cometidas en el fallido proyecto sistema de riego de Tonosí.
"[Los investigados] están vinculados al proceso por una posible lesión patrimonial que supera los $29.2 millones", informó la Fiscalía a través de un comunicado.
"El informe de auditoría de la Contraloría General, remitido a esta institución, reveló la ausencia de un estudio de factibilidad, falta de avalúos para el establecimiento de las indemnizaciones de los terrenos, listado desactualizado de fincas a indemnizar, falta de disponibilidad presupuestaria para efectuar pagos y desembolsos de gastos administrativos no establecidos en el pliego de cargos", añade la nota.
La Fiscalía de Cuentas investiga nueve procesos por presuntas lesiones patrimoniales que, en conjunto, ascienden a $168.4 millones.
Semanas atrás, La Prensa tuvo acceso a un breve resumen de la auditoría realizada por la Contraloría, en el que un aspecto relevante fue el señalamiento de las personas involucradas en los hallazgos de la investigación.
Encabezan la lista dos extitulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Emilio Kieswetter y Óscar Osorio Casal. A ellos se les une la excontrolora Gioconda Torres de Bianchini, quien refrendó el contrato a favor de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H).
Otros nombres que aparecen en el informe son Abdiel Atencio Tejedor, exjefe de Ingeniería Rural y Riego del Mida, quien fue beneficiado con un cheque de 20 mil dólares de parte del empresario Felipe Pipo Virzi.
También fue mencionado Francisco Iturralde Shailer, un asesor del exministro Osorio, nombrado coordinador general del proyecto, en reemplazo de Sebastián Peralta, quien también está incluido en el informe.
La auditoría incluye a tres personas más: Víctor Riofrío y Lina María Tejera, esta última fue directora nacional de Administración y Finanzas del MIDA, así como Librada Domínguez.
Por parte de la empresa contratista, los auditores enumeran a dos responsables: al apoderado general de Hidalgo & Hidalgo, Marcos Alfredo Albán Crespo, también conocido en Honduras, donde es representante de la empresa Concesionaria Vial Honduras (COVI), comisionista de un corredor logístico por un monto de 500 millones de dólares, mediante un contrato firmado con 40 años de vigencia.
El otro miembro de H&H es Juan Francisco Hidalgo Gemadensa, “en calidad de representantes legales de la empresa”.
El pasado 2 de noviembre, el actual ministro del MIDA, Jorge Arango, rescindió definitivamente el contrato a favor de H&H.
LAS IRREGULARIDADES
La Contraloría detectó debilidades o fallas de control en el contrato y ejecución de las obras, entre las cuales mencionó expresamente las siguientes:
“Ausencia de un estudio de factibilidad”; “proceso de contratación [de la empresa] sin contar con los terrenos para la ejecución de la obra”; el “uso del anticipo concedido a Hidalgo & Hidalgo, S.A., en asuntos no relacionados con los gastos iniciales para la ejecución del proyecto”; “falta de disponibilidad presupuestaria para efectuar los pagos”; “falta de avalúos para el establecimiento de las indemnizaciones de los terrenos” y “pagos de gastos administrativos no establecidos en el pliego de cargos”, entre otros.
La fiscal del caso ha citado en varias ocasiones Pipo Virzi para que declare en torno a fondos que recibió –al menos unos 10 millones de dólares– de H&H, razón por la cual guarda detención domiciliaria. Según Virzi, los pagos los recibió por supuestas "asesorías" brindadas al contratista.
Parte de esos fondos han ido a dar a cuentas de políticos y empresas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli.
