La Fiscalía Tercera Anticorrupción y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) protestaron formalmente por la puesta en libertad de Ignacio Fábrega, ex director de Supervisión de la referida entidad reguladora, por orden del juez Rolando Quesada Vallespi.
El pasado viernes, 6 de marzo, tanto la Fiscalía como la SMV presentaron sus respectivas apelaciones a la decisión del juez Quesada Vallespi, que el 3 de marzo revocó la detención preventiva de Fábrega, investigado por suministrar información confidencial a la casa de valores Financial Pacific, actualmente en proceso de liquidación.
En su escrito, la fiscal Zuleyka Moore calificó a Fábrega como “una persona peligrosa”, que no ha mostrado “el menor interés” en hacer frente a los cargos que se le endilgan –delito contra la administración pública-, ya que ha presentado certificados de incapacidad -expedidos por diferentes centros de salud particulares- en las siete oportunidades que ha sido citado.
De hecho, Fábrega fue detenido y conducido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en los estacionamientos de la policlínica Doctor Santiago Barraza de La Chorrera, el pasado 26 de febrero. Lo primero que hizo en aquella ocasión, fue aportar un certificado de incapacidad. Entonces la fiscalía ordenó que fuera evaluado por un forense; dicho examen determinó que se encontraba “en aparente buen estado general de salud física, sin cuadro clínico que amerite manejo médico de urgencia”.
Por su parte, la SMV –a través de la firma forense Mejía & Asociados- sustentó que Fábrega fue liberado de manera “inmediata” por orden del juez, sin notificar a las partes querellantes, lo que es violatorio del debido proceso consagrado en el Código Judicial y la Ley 31 de 1998.
Tanto la SMV como la fiscalía piden que se reordene la detención preventiva de Fábrega.
La opinión que la Superintendencia y la fiscalía tienen del imputado es muy distinta a la que guarda Quesada Vallespi.
El juez consideró que Fábrega no ha dado muestras de querer eludir el proceso, pese a que nunca compareció voluntariamente y –cuando finalmente fue conducido por los agentes de la DIJ- se acogió al artículo 25 de la Constitución, que lo exime de declarar contra sí mismo.
También alegó que Fábrega tiene 68 años de edad, y que el delito que se le endilga “no reviste peligrosidad ni gravedad”. Dijo que tiene un “domicilio fijo”, pero en la fiscalía nunca han podido precisar cuál es este y dónde queda.
Los abogados de la SMV replicaron que el delito imputado conlleva una pena de cuatro a ocho años de prisión. El juez “pierde de vista el ámbito en que el acusado ejecuta este delito [el mercado de valores de Panamá] generando un gran impacto sobre la estabilidad de la economía nacional”.
Agregan que Quesada Vallespi ha desconocido no solo las evidencias aportadas en la investigación, sino también los señalamientos “públicos y notorios” de la investigación por la desaparición de Vernón Ramos y las lesiones causadas a Gustavo Gordón, ambos funcionarios de la SMV. Ramos –que era subdirector de Análisis Financiero- fue visto por última vez el 16 de noviembre de 2012 y, recientemente, un testigo vinculó a Fábrega con esta desaparición. Gordón, en tanto, fue apuñalado en momentos en que se dirigía a una diligencia en las oficinas de Financial Pacific.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ya ordenó una auditoría al despacho de Quesada Vallespi.
