La vista fiscal emitida por el despacho adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por las escuchas telefónicas ilegales realizadas en la administración de Ricardo Martinelli ha generado dudas entre los denunciantes, luego de que se revelara que los equipos fueron a parar a las instalaciones de Súper 99 en calle 16 Río Abajo, propiedad del exmandatario, y que allí no se practicó ninguna diligencia.
Así lo dejó consignado el catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal, una de las 150 víctimas de las interceptaciones ilegales. El abogado calificó de “sospechosa” la actuación de la fiscalía, al tiempo que solicitó la ampliación de la investigación.
A Bernal le causa suspicacia que por esta investigación se solicite juicio para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz y otros dos exfuncionarios de ese organismo, pero no se hace ningún señalamiento contra Martinelli ni contra Julio Moltó, bajo cuya administración en el consejo se compraron los equipos de espionaje.
A su juicio, “hubo una gran celeridad” por parte de la fiscalía al remitir el expediente al Órgano Judicial sin agotar todos los aspectos de la investigación. “En este caso era necesario que la fiscalía inspeccionara el Súper 99 y preguntara a sus responsables si allí estuvieron esos equipos”, acotó.
A la vez, detalló que existió un claro acto de proteccionismo hacia Moltó, a quien Bernal querelló junto con Martinelli, Garuz y Pérez, ya que nunca se le indagó por este caso y solo se le tomó una declaración jurada.
‘NO FUE SATISFACTORIO’
Por su parte, Ángel Álvarez, abogado de la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, otra de las espiadas, alegó que también solicitará una ampliación de las investigaciones, ya que, a su juicio, el esfuerzo hecho por la fiscalía no fue “satisfactorio”.
El jurista comentó que solicitó a la fiscalía practicar una inspección en las instalaciones del Súper 99, pero esa petición nunca fue acogida por la fiscalía.
“En una investigación, la fiscalía debe revisar todos los indicios y buscar las pruebas que acrediten la comisión de un hecho punible, y en este caso esto no se cumplió”, argumentó.
Para Álvarez, existen muchas inconsistencias en la investigación, ya que hubo muchas víctimas de las escuchas telefónicas que no pudieron presentar sus denuncias y no se pudo ubicar a Ronny Rodríguez, alias Didier, ni a William Pittí, conocido como Guillermo.
De acuerdo con las investigaciones, estos dos hombres eran los encargados de rendir los informes de las escuchas telefónicas a la Presidencia de la República.
Didier, por ejemplo, era “el que daba las órdenes”, según narraron testigos que declararon ante la Fiscalía Superior Especializada. “Él [Didier] decía, quiero que me sigas a fulano de tal...”, contó bajo juramento Jaime Agrazal, un agente del Consejo de Seguridad Nacional.
En la vista fiscal del caso también se consignan las declaraciones hechas por los agentes del Consejo de Seguridad Nacional Julio Graell y Javier Quiroz, quienes narraron que luego de la derrota electoral de Cambio Democrático el 4 de mayo de 2014, los equipos con que supuestamente se realizó la labor de espionaje fueron trasladados a las oficinas administrativas del Súper 99 en calle 16 Río Abajo.
Antes de llegar al sitio, pasaron por la Presidencia de la República, donde Didier se bajó del carro y habló durante varios minutos con Jaime Trujillo, quien entonces fungía como director del Sistema de Protección Institucional. Antes de llegar al gobierno del Cambio, Trujillo laboró como jefe de seguridad del Súper 99.
La Prensa intentó obtener la versión de Trujillo sobre su papel en la estrategia para transportar a los equipos, pero no respondió a las llamadas a su celular.
CUESTIONAN
La exprocuradora Ana Matilde Gómez, hoy diputada independiente, consideró que luego de la declaración de Graell y Quiroz, el Ministerio Público debió realizar un allanamiento o una inspección ocular en las instalaciones del Súper 99.
En este caso –planteó–, se trataba de una prueba que podría ser “de capital importancia” en la investigación, por lo que era necesario llevarla al expediente.
Gómez opinó que la fiscalía debe sustentar su caso ante un juez con pruebas y en este expediente esa parece ser una evidencia que debía ser comprobada por el funcionario de instrucción.
A su juicio, la sociedad espera que las autoridades agoten las diligencias para ubicar los equipos, ya que resulta peligroso que estos estén en manos de personas que se atrevieron a violar la ley. “Mientras estos equipos no sean localizados, todos estamos en riesgo de ser escuchados por personas que demostraron no tener escrúpulos”, afirmó.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, tiene otra teoría: que la fiscalía pudo llegar a la conclusión de haber acreditado el hecho delictivo y remitir el sumario con una solicitud de juicio, y ahora el “juez puede, si observa otra conduta delictiva, pedir la apertura de otro proceso penal por un delito diferente”, sustentó.
Explicó, además, que puede haber en otro despacho judicial una investigación independiente por la desaparición de los equipos y el despacho adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada decidió solo gestionar la investigación por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
No obstante, opinó que es necesario establecer el paradero de los equipos y determinar quién o quiénes se abrogaron el derecho de sustraerlos de una institución del Estado.
DEFENSA DE MARTINELLI
Roniel Ortiz, abogado de Ricardo Martinelli, aseguró que las afirmaciones hechas por Graell y Quiroz se contradicen al señalar rutas diferentes en su declaración.
Asimismo, afirmó que no hay certeza de que las computadoras fueron llevadas al Súper 99.
Sin embargo, en la vista fiscal –a la que este diario tuvo acceso–, los testimonios de los dos agentes del Consejo de Seguridad Nacional coinciden en la ruta usada para llevar la máquina.
Ortiz planteó que si la fiscalía no realizó una inspección o allanamiento en el Súper 99 fue porque no encontró méritos para practicar dicha diligencia.
Con relación a la supuesta responsabilidad del también exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Julio Moltó, el abogado opinó que este sí debió ser citado por la fiscalía para que ofreciera más detalles de cómo se compraron los equipos.
En este punto, Ortiz advirtió que fue en la administración de Moltó en la que se compró la pinchadora y fue él quien estuvo a cargo de todo el proceso de instalación y calibración de los aparatos, adquiridos a la empresas NSO Group Technologies Ltd. y a M. L. M.
Al igual que el fin de semana pasado, este medio intentó obtener la versión de Moltó sobre su supuesta responsabilidad en el caso, pero no respondió a las llamadas efectuadas.
MP RESPONDE
¿Qué dice la fiscalía a cargo del caso? Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada no inspeccionó las instalaciones del Súper 99 en calle 16 Río Abajo, porque hubiese significado realizar una diligencia contra el expresidente Ricardo Martinelli y ese despacho no tiene competencia para ello.
La fuente detalló que realizar esa diligencia hubiese podido provocar la nulidad de todo el proceso judicial y anular toda la investigación realizada.
Agregó, además, que nada relacionado con Martinelli podía realizar ese despacho de instrucción.
Argumento que se trata de investigaciones “muy especializadas” y requieren una aplicación estricta del derecho para no cometer errores.
En relación con la situación de Moltó, la fuente informó que no se encontraron indicios de que durante su administración se realizaran escuchas telefónicas.
Detalló que los hallazgos en la investigación determinaron que los pinchazos se produjeron a partir de la administración de Gustavo Pérez –de marzo a septiembre de 2012– y por ello se le formularon los cargos respectivos.
CONTRATO IRREGULAR
La vista fiscal del proceso también recoge la declaración rendida por la ex asesora legal de la Policía Nacional Jazmine Ramírez. La exfuncionaria aseguró que recomendó a Gustavo Pérez no firmar los documentos para la compra de los equipos, ya que no se estaban adquiriendo con el presupuesto de la Policía y la Contraloría General de la República no refrendaría dicho pago.
Asimismo, Ramírez reveló que Pérez le informó que la Presidencia de la República le envió el documento, pero él respondió que debían ser ellas –las autoridades en la Presidencia– quienes firmaran la carta de aceptación final, como unidad gestora, pues en caso contrario la Contraloría no autorizaría el pago.
De acuerdo con la vista fiscal, Pérez expresó que ese equipo no sería utilizado por la Policía, ya que la petición venía del Ejecutivo.
Por este caso, la fiscalía formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad a Gustavo Pérez, Alejandro Garuz, Ronny Rodríguez y William Pittí, estos dos últimos se encuentran prófugos de la justicia.
Tanto Rodríguez como Pittí están señalados de operar el equipo de escuchas y remitir los informes diarios a la Presidencia.El Código Penal en su artículo 167 dice: “Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
Sin embargo, el artículo 164 de ese misma normal legal señala que “si la persona ha obtenido la información como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicaciones y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad de la pena”.
La vista fiscal de este caso fue remitida al Órgano Judicial el pasado 13 abril y el Juzgado Decimosexto de Circuito Penal fijó para el 17, 18, 19 y 20 de agosto próximo a las 9:30 a.m., la celebración de la audiencia preliminar para los imputados.En el caso de que Rodríguez y Pittí se mantengan prófugos, el proceso en su contra se suspenderá hasta su captura.
