Fiscalía pide audiencia para imputar cargos por el expediente sustraído del caso Financial Pacific



La Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares por la posible comisión del delito contra la administración pública, tras el hallazgo de seis cuadernillos del expediente de Financial Pacific.

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Caso del juez Felipe Fuentes pasa a fiscalía anticorrupciónJuez Felipe Fuentes rinde cuentas a sus jefesJuez admite que ‘sin querer’ se llevó a su casa documentos del caso Financial Pacific

La investigación se inició el 16 de enero de 2018, un día después de que un conductor recogiera de la vía Panamericana un sobre de papel manila que se le había caído a un motociclista. Después se conoció que el sobre contenía parte del expediente de FP y que el conductor de la motocicleta era el juez Felipe Fuentes

En esta investigación se pretende determinar la responsabilidad penal por la presunta sustracción de documentos que debían estar bajo custodia en la oficina judicial correspondiente.

Fuentesa cargo del Juzgado Séptimo Penal, reconoció que mantenía en su casa los expedientes relacionados a FP, porque el despacho se mudó el mes pasado a una nueva sede y, en medio de esa acción, varios documentos oficiales se habrían mezclados con otros personales relacionados con una tesis que adelanta para optar por una maestría de Derecho Penal de la Universidad de Panamá.

"No puedo precisar el día, pero que fue antes del día feriado 9 de enero de 2018, casi al finalizar la jornada, como andaba en motocicleta y parecía que iba a llover, pedí a una oficial mayor del despacho que tiene auto y que vive por el área donde yo vivo que me llevara los sobres que tenía dentro del despacho y creo que hasta se los entregué personalmente. La idea era seguir trabajando en la tesis ese fin de semana y sin saber ni querer me llevé para la casa el sobre con los incidentes pesando que eran documentos personales", explicó en una nota dirigida a José Ayú Prado, presidente de la CSJ.

Según Fuentes, fue el domingo 14 de enero cuando se percató que, entre los sobres que tenía en casa, se encontraba la documentación relacionada al caso Financial Pacific y que decidió llevarlo al día siguiente, es decir, el lunes 15.

"Decidí viajar en mi motocicleta Honda Shopper 750, 2008 y coloqué el sobre contentivo de los dos incidentes en la alforja derecha de la motocicleta considerando a este un sitio seguro porque antes he trasladado allí objetos más grandes sin ningún problema", añadió.

Según el relato, al parecer en el trayecto hacia el despacho, ubicado en Ancón, cuando se formó un tranque en un tramo de la vía, un vehículo rozó la alforja donde se encontraba el sobre y "debió salirse". Cuando llegó al despacho se percató que no lo tenía, por lo que procedió a buscarlo.

Entre los documentos extraídos del juzgado estaban tres incidentes de controversia, presentados por los abogados Nicolás Brea y Abril Arosemena, y por la firma forense Guevara Legal Bureau. También una solicitud para que se declare compleja la investigación, presentada por la fiscal anticorrupción Leyda Sáenz; un cuadernillo contentivo de incidente de previo y especial pronunciamiento, promovido por el abogado Rogelio Gálvez; otro incidente de competencia y de previo y especial pronunciamiento presentado por la abogada Arosemena.

Los documentos encontrados guardan relación con el caso sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, proceso por el que la fiscalía ha imputado cargos por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales y financieros a 14 personas, entre las que figuran West Valdés e Iván Clare, fundadores de FP; además de Ori Sasson Zbeda, Aaron Mizrachi Malca, Navin Mohan Bhakta, Tse Yum Ling y Miguel Mihalitsianos.

También han sido imputados Roberto Enrique de la Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, a quienes el juez Fuentes les concedió una fianza por $10 mil a cada uno, para así evitar ser detenidos, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les concedió una fianza para no ser detenidos, por $100 mil cada uno.

Paralela a la investigación que adelanta la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso administrativo.

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