La Fiscalía Segunda Anticorrupción realizó ayer una inspección a los depósitos y al negocio de la empresaria Poulett Morales como parte de la investigación adelantada por supuestos sobrecostos en contratos para la adquisición de 600 mil mochilas a un costo de $12 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Una fuente judicial confirmó que la diligencia se practicó en los depósitos de las empresas APM Supplies y Comercializadora Galbedusa, propiedad de Morales.
La fuente informó que la diligencia se hizo para corroborar información aportada por Morales durante la indagatoria del pasado jueves.También se informó que la fiscalía analiza la posible citación de la exdirectora de la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República Lilian Thompson, luego de que fuera mencionada por el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén como la persona que ideó el programa de las mochilas.
En ese sentido Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, aseguró que en la ampliación de indagatoria realizada ayer su cliente reiteró el señalamiento hecho a Thompson, aunque aclaró que con ello no se le imputa actos delictivos.
Explicó que en su declaración Guardia Jaén mencionó que el programa de mochilas se creó en la Secretaría de Metas y que recibió una nota de esa dependencia en la que se le ordenaba que ese programa tenía que ejecutarse.
Según Orobio, su cliente giró órdenes para que se cumpliera con este programa por considerar que por las instrucciones impartidas debía adjudicárselas a las tres empresas que al final obtuvieron los contratos, pero que nunca consideró existiera algún tipo de irregularidad en estas actividades.
En este aspecto puntualizó que su cliente solo ha expresado las acciones que cada persona tuvo dentro de la asignación de los diferentes contratos y que cada quien podrá hacer sus explicaciones.
También aclaró que la investigación relacionada con la compra de las mochilas se encuentra en su fase final y que en las próximas semanas el expediente será enviado al Órgano Judicial para su calificación.
A la vez reveló que en su declaración de ayer Guardia Jaén detalló a la fiscalía la participación de cada uno de los funcionarios del PAN en la asignación de los contratos para la adquisición de las mochilas.
Precisó que Guardia Jaén hizo mención de las personas encargadas de los departamentos de Presupuestos y el encargado de emitir las órdenes de compra dentro del PAN y la participación de cada uno de ellos en los trámites.
Dijo que su cliente está dispuesto a seguir colaborando con la fiscalía para que esto puede llegar rápidamente a una definición ante los tribunales de justicia como corresponde.
Dijo que Guardia Jaén se encuentra en la fase final de su participación en los nueve expedientes que le fueron abiertos por el Ministerio Público y que la próxima semana dará detalles de los contratos asignados por el PAN dentro del programa Piso y Techo.
Poulett Morales recibió un contrato del PAN por la suma de $3.9 millones para el suministro de mochilas al Ministerio de Educación, contratación que es investigada por la fiscalía, y por la que también se le formularon cargos a la extitular de esa cartera Lucy Molinar.
Según Víctor Almengor, abogado de Morales, este contrato fue cumplido a satisfacción y su cliente logró entregar las mochilas en áreas de difícil acceso.
De acuerdo con Almengor más del 90% de las mochilas fue entregada en sitios en donde era muy duro llegar e implicaba un esfuerzo adicional de la empresa.
Destacó que durante la comparecencia de Morales se entregaron documentos de los costos de operación de la empresa, de los montos de los contratos y de los gastos incurridos en la logística para su distribución en el interior del país.
Almengor dijo que acopiar y presentar toda esta documentación requirió de esfuerzo y estimó que la fiscalía permitió a su cliente explicar cada detalle de su participación.
También se informó que la fiscalía tiene previsto tomar ampliación de su indagatoria a la exministra de educación Lucy Molinar.La exfuncionaria también está sindicada dentro del expediente por el pago de sobrecostos en contratos para la adquisición de comida deshidratada a través del PAN, en el denominado programa Nutriescuela.
La defensa de Molinar sostiene que su cliente es inocente de los cargos de supuesto peculado y fraude en contrataciones públicas.
