Pese a que el empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares aseguró en una carta enviada al ministro del Canal, Roberto Roy, que se presentaría personalmente ante las entidades competentes para cooperar con la investigación que se le sigue, su defensa, por el contrario, manifestó que por el momento no acudirá a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que lo investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Roberto Moreno, abogado del también miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), reiteró ayer que su defendido debe ser investigado con las reglas del sistema penal acusatorio dada su condición de directivo del Canal.
Moreno agregó que esperarán a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un recurso presentado en ese despacho para que decida si Corcione Pérez Balladares debe ser procesado a través del sistema inquisitivo o del sistema penal acusatorio.
Fiscalía negó recurso a Corcione
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, despacho judicial que investiga al empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en cuentas ligadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, negó un recurso presentado por su defensa para que este no sea indagado.
Con este nuevo escenario, el fiscal Nahaniel Murgas podrá indagar al también miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien se encuentra fuera del país desde hace varios días.
Fuentes judiciales dijeron a este medio que en los próximos días Murgas pondrá fecha a la citación de indagatoria.
Sin embargo, Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez Balladares, manifestó ayer que aunque la fiscalía haya negado su escrito de advertencia para indagar a su defendido, esperarán a que la Sala Penal de la CSJ resuelva el incidente de controversia presentado el pasado 7 de agosto, para determinar si Corcione Pérez Balladares debe ser investigado mediante las reglas del sistema inquisitivo o las normas del sistema penal acusatorio.
Moreno insiste en que por ser miembro de la directiva de la ACP su cliente no puede ser indagado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
LA CARTA
En una carta fechada el pasado 16 de agosto, Corcione Pérez Balladares le indicó al ministro del Canal y presidente de la junta directiva de esa entidad, Roberto Roy, que tomó la decisión de “abstenerse temporalmente” de participar de la toma de decisiones de la junta directiva de la ACP.
El empresario señala en la nota que se presentará personalmente ante las entidades judiciales competentes para cooperar con la investigación, entregar pruebas adicionales y rendir testimonio, para que su equipo de defensa pueda probar su inocencia.
Roy le comunicó a Corcione Pérez Balladares en otra misiva que la directiva tomará las medidas administrativas correspondientes a su planteamiento de abstenerse de participar en la toma de decisiones. Además, le expresó al empresario de la construcción que dicha abstención es aplicable en el sentido de que “usted no participará en ninguna reunión, recibo de documentación, decisiones o actividades de ninguna naturaleza que correspondan a esta junta directiva”.
La postura de Nicolás Corcione Pérez Balladares surge luego de que la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, instara por segunda ocasión a Roy a que tomara las medidas para separar al empresario de la construcción de la mencionada directiva, tal como lo solicitaron diferentes actores de la sociedad civil.
SEÑALAMIENTOS
Jorge Espino, socio de la firma Conceptos y Espacios, quien actualmente está detenido preventivamente a raíz de las pesquisas que adelanta Murgas en este proceso, narró durante su indagatoria que Corcione Pérez Balladares le había pedido dinero a cambio del contrato de $8.9 millones para la construcción del nuevo Tribunal Marítimo.
Reveló, por ejemplo, que Corcione Pérez Balladares le pidió una coima de $600 mil a cambio de obtener el contrato que se ejecutó cuando Moncada Luna era el presidente de la Corte.
La investigación que desarrolló la Asamblea Nacional al patrimonio de Moncada Luna, preso por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, dejó al descubierto la existencia de una compleja trama financiera con al menos 14 cuentas y $4.7 millones de por medio.
Varios de los vinculados con estas cuentas obtuvieron contratos con el Órgano Judicial durante el período 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió esa corporación de justicia.
En este caso, la fiscalía ordenó la detención de Jorge Espino y Julián París, de Conceptos y Espacios; además de María Gabriela Reyna, de Reyna y Asociados; y de Humberto Juárez, amigo del exmagistrado de la CSJ.
Mientras que el exvicepresidente y comerciante Felipe Pipo Virzi tiene casa por cárcel; y María Del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, tiene país por cárcel al igual que el abogado Felipe Rodríguez Guardia.
