La Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público terminó la investigación por las presuntas irregularidades en la indemnizaciones de buses "diablos rojos", pesquisa que vincula a 532 personas con la presunta comisión del delito de peculado.
La fiscal del caso, Kyra Tascón, por estos días prepara la vista fiscal para emitir una recomendación de llamamiento a juicio para los responsables.
Esto, luego de que vencieran los ocho meses que le otorgó el Juzgado Octavo Penal, a través de la resolución del pasado 3 de enero, para que concluyera las diligencias.
En esos ochos meses, la fiscalía realizó pruebas caligráficas a los imputados, diligencia que estuvo a cargo de expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El propósito era confirmar la identidad de las personas que firmaron los certificados de operación de los buses.
La fiscalía también solicitó información bancaria sobre el movimiento de dinero en cuentas pertenecientes a los vinculados, practicó exámenes médicos a algunos de los sindicados, y resolvió cientos de escritos de prueba presentados por los abogados defensores.
La génesis
Entre 2010 y 2014, época en que Ricardo Martinelli gobernaba el país, se indemnizó a 2 mil 649 propietarios de certificados de operación, lo que representó un desembolso de $94.8 millones.
Se pagaron $25 mil por los diablos rojos de rutas troncales.
Otros $35 mil para los que transitaban por los corredores, mientras que $50 mil de les dio a los que tenían buses coaster.
En tanto, $75 mil se les pagó a los que tenían buses de lujo.
La investigación de la fiscalía permitió establecer que algunos buses fueron compensados hasta dos veces, y en otros casos se indemnizó por buses que en realidad eran chatarra y ya no circulaban.
Entre los imputados en este expediente figuran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega, y Roberto Moreno. En esa lista también figura el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz; y el exdirector de Registro Único Vehicular de la ATTT, Nicolás Brea.
La trama también alcanza a Franz Wever, exsecretario general de la Asamblea Nacional (2014-2019), y actual asesor del Legislativo. Se le investiga por su condición de dirigente transportista.
También está en la lista de los imputados: Juan Pablo Mora, exsecretario de Metas.
Entre los dirigentes de transporte investigados están: Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez.
"Personas se agruparon en distintas situaciones y distintos hechos, pero con el objetivo en común de desfalcar al Estado", manifestó en su momento la fiscal a La Prensa.
En este proceso, la Contraloría General de la República detectó una posible lesión patrimonial al Estado de $24 millones 90 mil por el pago presuntamente irregular a 590 certificados de operación.
