El magistrado Harry Díaz, fiscal en la causa seguida a Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, solicitó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que examine la elaboración de un affidavit para continuar con el proceso de extradición del expresidente de la República, quien se cree está en Estados Unidos.
Hace tres semanas, la Cancillería panameña requirió a la Corte un affidavit o declaración notariada que usualmente se utiliza dentro de un proceso judicial o de trámite administrativo, como medio de prueba en Estados Unidos.
En una nota dirigida al magistrado Hernán De León, presidente encargado de la CSJ, Díaz advierte que el affidavit no es un requisito exigido en la Constitución ni está contemplado en convenios o tratados internacionales. Se trata más bien de una “práctica común” en Estados Unidos. Además dijo que la petición de resumen hecho por la Cancillería no tiene lógica desde el punto de vista jurídico, ya que habría que volver sobre los mismos puntos contenidos en la acusación.
Para Díaz también es importante “que quede claro” que si le corresponde elaborar el affidavit, esto no debe considerarse como “un acto de investigación”, dado que esta etapa del proceso ya finalizó.
Finalmente, pide que el tema sea tratado en la próxima sesión ordinaria del pleno, el jueves 15 de septiembre.
Martinelli fue declarado “en rebeldía” por el magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías del proceso. A finales de diciembre pasado, el pleno de la Corte ordenó su detención. La solicitud de extradición y arresto fue enviada a Cancillería el 24 de mayo pasado.
El exgobernante abandonó Panamá el 28 de enero de 2015 y, que se sepa, no ha retornado. Nunca ha comparecido personalmente en las causas judiciales que adelanta la CSJ en su contra.
Este jueves, se celebrará una audiencia como parte de otro proceso seguido a Martinelli: el de la compra de alimentos deshidratados a la sociedad Lerkshore Inc. con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por $49.9 millones.
