La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería de Panamá elaborará la solicitud de extradición del empresario Mayer Mizrachi Matalon, quien fue retenido el pasado 29 de diciembre por las autoridades de Colombia.
El trámite se inició tras la petición efectuada ayer por la juez decimotercera penal, Alina Hubiedo, quien tiene la competencia del caso que irá a audiencia preliminar el 26 de febrero de 2016.
Mizrachi fue capturado en el aeropuerto de Cartagena de Indias, Colombia, mediante la alerta roja A-9684/11-2015, emitida el 19 de noviembre pasado.
Mientras que el 24 de septiembre pasado la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, ordenó su detención preventiva por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
Mizrachi es investigado porque supuestamente recibió dinero del Estado sin brindar el servicio pactado: instalar un software para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad.
Por este caso también se ha imputado al exadministrador de la AIG Eduardo Jaén, Adonay Ortega, Eduardo Briceño, y Edgar Rodríguez.
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DELATÓ A MIZRACHI
A Mayer Mizrachi Matalon se le requiere en Panamá para que rinda cuentas por la supuesta comisión del delito de peculado, a raíz de una investigación que lo vincula con supuestas irregularidades en un contrato por $211 mil 850 que le concedió la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) durante el gobierno pasado para instalar un software en varias entidades de seguridad.
El 24 de septiembre pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción, a través de la providencia 199, emitió su orden de detención, ya que, según fuentes judiciales, no se presentó a su indagatoria. Su única presencia ante el Ministerio Público (MP) fue para notificarse de la denuncia y para informar quién lo iba a representar legalmente: el abogado Silvio Guerra.
El 30 de septiembre pasado, el MP remitió la vista fiscal de la investigación al Juzgado Decimotercero, con solicitud de llamamiento a juicio, además de Mizrachi, para Eduardo Jaén, exadministrador de la AIG, y para Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez.
La audiencia preliminar del caso se había programado para el 28 de diciembre pasado, a las 8:30 a.m., pero un recurso presentado por uno de los imputados frenó la diligencia, por lo que se postergó para el 26 de febrero de 2016.
HABLA MIGRACIÓN COLOMBIA
Mizrachi Matalon se encuentra bajo la custodia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de Colombia, que divulgó videos en los que se registra el momento en que fue detenido en el aeropuerto de Cartagena de Indias y luego trasladado a Bogotá.
“[Mizrachi] tiene una notificación roja por parte del Gobierno de Panamá, por delitos contra la administración pública. Ingresó a Colombia ayer [29 de diciembre] e iba a permanecer siete días en Cartagena, disfrutando de vacaciones, para posteriormente regresar a Estados Unidos (EU), donde está actualmente residiendo”, señaló el coronel Luis Poveda, subdirector de la Dijin.
Mizrachi Matalon, un joven de 28 años que en el ámbito local era conocido como el Mark Zuckerberg panameño, había cosechado varios éxitos en el mundo de la tecnología, pero, paradójicamente, fue precisamente una herramienta tecnológica la que le avisó a las autoridades colombianas de que viajaba en un avión de JetBlue Airways, con rumbo a Cartagena.
En entrevista con este medio, Juan Manuel Caicedo, jefe de prensa de Migración Colombia, informó que la herramienta tecnológica API, un sistema que obliga a las aerolíneas a informar con antelación quiénes son las personas que viajan en sus vuelos, ayudó en el proceso.
“Migración Colombia lo que hace es tomar el listado de las personas que vienen en esos vuelos y cruzarlo con las bases de datos que tiene a nivel nacional e internacional, con el fin de establecer cualquier tipo de requerimiento judicial. En este caso, el API mostró que Mizrachi Matalon venía de EU en un vuelo de JetBlue desde Fort Lauderdale”, contó. Caicedo dijo que fue así como se dieron cuenta de la circular roja de Interpol, que se emitió el pasado 19 de noviembre.
LA DEFENSA
Silvio Guerra, abogado de Mizrachi Matalon, manifestó, por su lado, que la fiscalía se ha excedido al aplicarle la medida restrictiva de la libertad a su cliente. Añadió que solicitó a las autoridades colombianas su inmediata liberación. Dijo que en ningún momento el Ministerio Público le notificó a su defendido de alguna medida cautelar y que, prueba de ello, es que no tenía impedimento de salida del país.
Guerra no precisó cuándo fue la última salida del país de su cliente.
Manifestó que Mizrachi Matalon cumplió con un contrato suscrito con el Estado para el suministro de equipo informático para varias instituciones. Dijo que las licencias fueron entregadas por su cliente a la AIG, pero que esa institución decidió entregárselas solo a funcionarios de esa institución.
Además, sostuvo que su cliente le remitió una carta a Irvin Halman, actual administrador de la AIG, para ponerse a su disposición y así resolver cualquier inquietud respecto a las licencias.
EL CASO
Este caso se inició después de que Halman presentó en enero de 2015 una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resultaran responsables por la posible comisión de los delitos contra la administración pública en perjuicio de la AIG. Se explicaba que, mediante el contrato 19-2014, la AIG pactó con la empresa Innovative Venture, S.A., representada por Mizrachi Matalon y con cédula 8-808-202, instalar una plataforma de mensajería de texto “para el uso del Estado panameño”.
Con el sistema, se pretendía garantizar la “autenticidad y privacidad para transmitir información sensitiva” entre la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio Público. A la herramienta se le denominó Criptext. El contratista se comprometía a suministrar la herramienta entre el 30 de marzo de 2014 y el 30 de diciembre de 2014.
La denuncia argumentó además que, el informe de auditoría 16-2014-AI del 23 de diciembre de 2014 reveló que la AIG pagó a la empresa los $211 mil 850 que costó el sistema, “sin que se hayan entregado ni se haya capacitado a los funcionarios que forman parte de los estamentos de seguridad del Estado respecto al conocimiento y uso de la plataforma de mensajería Criptext”.
También explicaban que Eduardo Briceño, quien fungió como director de Arquitectura Tecnológica de la AIG, emitió un informe de recibido conforme [de la plataforma] sin que se hubiese integrado el sistema a las entidades objeto del contrato.
Se destacó que Adonay Ortega, consultor de la AIG, emitió otro informe en el que dejó constancia que, por instrucciones del despacho superior [a cargo de Eduardo Jaén], se ordenó que a manera de prueba se instalaran las 100 licencias a funcionarios de la AIG, y no a las instituciones del Estado.
Los auditores de la AIG también consignaron que, según información recabada del propio sitio web de Innovative Venture, S.A., Criptext fue desarrollada con posteridad al mes de octubre de 2013 y lanzada en mayo de 2014, por lo que la adquisición de este sistema en marzo de 2014, “no comprobada en el mercado y sin referencias disponibles, mal podría ser recomendada para el uso de las entidades de seguridad del Estado”.
(Con información de Eliana Morales Gil).
