Ricardo Martinelli anuncia 28 pruebas testimoniales y 87 documentales; el fiscal Harry Díaz prepara objeciones

Ricardo Martinelli anuncia 28 pruebas testimoniales y 87 documentales; el fiscal Harry Díaz prepara objeciones


Este martes 18 de septiembre se reanudó la audiencia de acusación ante el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, dentro del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de los delitos de peculado y contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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La audiencia, que se inició a las 2:50 p.m. y se extendió hasta las 6:00 p.m., fue transmitida en directo por www.prensa.com.

El acto, suspendido desde el pasado viernes, se reanudó con la intervención de los abogados de Martinelli, que continuaron con la presentación de su lista de testigos y pruebas. El pasado viernes, la defensa anunció su intención de citar a Julio MoltóGustavo Pérez y Alejandro Garuz, los cuales ejercieron la dirección del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli. Pérez y Garuz están imputados por estos hechos, en el caso que se ventila en el Juzgado Decimosexto Penal.

Con la lista esbozada este martes, la defensa -en total- anunció 28 pruebas testimoniales, 87 documentales y tres periciales. El magistrado fiscal Harry Díaz anunció la objeción de, por lo menos, 21 de ellas, y explicó a Mejía que necesita por lo menos cuatro días hábiles para examinar el resto. 

A esta petición se opuso Sidney Sittón, parte del equipo que defiende al expresidente.

"La defensa no está de acuerdo con el proceder de la fiscalía. Dentro de un debate oral, la fiscalía debe tener capacidad para responder", dijo Sittón.

"El abogado Sittón parece no recordar que la defensa pidió tiempo para revisar una acusación que en tres semanas cumple cuatro años de haber sido presentada", replicó Díaz. En realidad, son tres años, que se cumplen el 9 de octubre de 2018.

Después de escuchar a las partes, Mejía intervino. 

"Desde el año 2015, la defensa conoce cuáles son los medios probatorios que la fiscalía pretende usar en el juicio. Pero es ahora que la fiscalía sabe cuáles son los elementos que pretende usar la defensa", dijo Mejía. Por tanto, concedió el tiempo solicitado por Díaz para examinar las pruebas enumeradas por la defensa. De ese modo, la audiencia se reanudará el próximo miércoles 26 de septiembre, a las 9:00 a.m.

Antes de que terminara la jornada de este martes, surgió un intercambio de palabras entre el magistrado juez, el magistrado fiscal y Holanda Polo, abogada de Martinelli. La diferencia entre las partes surge por una solicitud de la defensa -presentada el pasado viernes- para que el expresidente sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Mejía dijo no entender el fundamento de dicha solicitud.

"Si ustedes quieren determinar eso [la evaluación forense] a los efectos procesales, eso debe ser el fundamento de una petición", dijo Mejía.

"Me tienen enredado porque estoy tratando de comprender lo que quiere la defensa... Quieren una prueba pericial para sustentar una petición que a mí nadie me ha hecho", agregó.

Acto seguido, Mejía remarcó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el que tiene competencia para cambiar o dictar medidas cautelares al procesado.

La abogada Polo dijo que su cliente estaba detenido por orden de Mejía. No obstante, fue el pleno de la Corte quien ordenó la detención provisional de Martinelli, el 21 de diciembre de 2015.

[Lea aquí la nota 'CSJ ordena la detención provisional de Ricardo Martinelli'].

Díaz intervino para expresar su malestar por las constantes solicitudes de la defensa en relación a la salud de Martinelli.

"Eso es una responsabilidad del Sistema Penitenciario... No sé por qué seguimos trayendo a colación el tema de la salud en este estrado judicial", dijo Díaz, quien pide una condena de 21 años de prisión para Martinelli.

Más temprano, la defensa enumeró este martes a varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial, que ya fueron entrevistados por la fiscalía. También recurrirá a las entrevistas y declaraciones rendidas por el presidente Juan Carlos Varela; los expresidentes Martín Torrijos Espino y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; el alcalde José Blandón Figuero y su padre José Blandón Castillo, y los diputados José Luis Varela Rodríguez, José Muñoz Molina y Zulay Rodríguez.

Igualmente, las entrevistas y declaraciones rendidas por Carlos Orillac, Demetrio Papadimitriu, Roberto Henríquez, Yadira Pino, Balbina Herrera, Mauro Zúñiga, Mitchell Doens, Rosendo Rivera, Rubén Polanco, Yassir Purcait, Juan Carlos Navarro, María Inmaculada Calviño, Rafael Flores, Ana María Reátegui de Varela, Francisco Sánchez Cárdenas, Irving Santos Hernández, Jorge Barakat, Raúl Sandoval Chiari, Erasmo Pinilla, Felipe Motta García de Paredes, Stanley Motta, Reynaldo Rivera Escudero, Milton Henríquez, Luis Mouynes, Aurelio Barría, José Luis Varela Reátegui, Jaime Eduardo Cucalón, Guido Rodríguez, Álvaro Alvarado, Gabriel Carrerira Pittí, Caroline Montenegro, Patricia Alfaro, Avidel Villarreal, Olimpo Sáenz, Irina Bolaños, José Stoute, Luis Carlos Cleghorn, Joaquín Vásquez, Genaro López, Luis Enrique Rivera Calles, Gustavo Adolfo, Scott Valdés, Jaime Agrazal Hernández, Ronny Rodríguez, William Pittí, Iris Pérez Saavedra, Amadelis Valderrama y Gustavo Adolfo Pérez de la Ossa, entre otros.

La defensa comunicó que recurrirá a una ampliación de indagatoria rendida por Gustavo Pérez, el 4 de febrero de 2015, en el que sostiene haber sido interrogado bajo torturas y maltrato físico y psicológico.

También pidió que tres peritos de la defensa tengan acceso a las evidencias que sustentan la acusación del magistrado fiscal Díaz.

En una declaración indagatoria el 12 y 13 de enero de 2015, Pérez alegó que varios agentes del Consejo de Seguridad Nacional reportaban directamente a Martinelli.

“Todos los jefes de seguridad teníamos que ver con el señor presidente, pero Ronny Rodríguez y su segundo, William Pittí, se quedaban en la Presidencia hasta tarde y en horas de la noche sin que yo tuviera mando o dirección. Por eso duré muy poco tiempo en el Consejo y por esto tuve mucha enemistad en la Presidencia, porque nunca quisieron que me enterara de lo que sucedía”.

Ronny Rodríguez y William Pittí también están imputados en la causa que está en el Juzgado Decimosexto Penal, pero ambos están prúfugos.

“Poco a poco me di cuenta de que Ronny Rodríguez tenía sobres que entregaba directamente a la Presidencia y yo le reclamé qué eran esos sobres, y allí comenzó nuestra discusión”, agregó Pérez ante la entonces Fiscalía Auxiliar, que llevó las primeras pesquisas de este proceso.

“Todo era compartimentado, es decir, sabían que yo estaba temporal y había un grupo de inteligencia que reportaba directamente con la Presidencia y los otros grupos internacionales para la lucha contra el terrorismo era mi preocupación”, añadió.

Asimismo, el exjefe del CSJ confesó en su declaración que también su teléfono fue intervenido.

“Una de mis iniciales peleas o riñas eran contra el jefe de inteligencia y subdirector del Consejo de Seguridad, Ronny Rodríguez, que tenía más privilegios que yo, el director, al manejar información netamente con la Presidencia”, narró.

Dijo, además, que una vez le gritaron [no detalló quién] que se encargara solo del terrorismo. También reveló que se enteró de que su teléfono estaba intervenido y que de allí reportaban en la Presidencia sus conversaciones sobre su descontento en el lugar. “Esto causó varias veces mi propuesta de renuncia, hasta que me sacaron y me mandaron al Viceministerio de Gobierno...”, precisó ante la fiscalía.

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