El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, declaró al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal "en rebeldía", dentro del proceso que se le sigue por 353 indultos otorgados a poco de concluir su mandato (2009-2014), y tomó acciones para que el Pleno decida si solicita la extradición del indiciado a Estados Unidos.
La decisión fue adoptada este viernes 13 de octubre en la audiencia de imputación de cargos solicitada por el magistrado fiscal Abel Zamorano. Ayú Prado también se negó a declarar un sobreseimiento provisional y la prescripción de la acción penal "por extemporánea", como pretendía el abogado de Martinelli, Sidney Sittón. Sittón anunció apelación.
Es la segunda ocasión en la que Martinelli es declarado en rebeldía. La primera fue el 11 de diciembre de 2015, por orden del magistrado juez Jerónimo Mejía, después de que el exmandatario se ausentó de la audiencia de imputación del proceso que se adelanta por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.
Es precisamente por el caso de los "pinchazos" que Martinelli fue requerido en extradición a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), razón por la que está detenido desde el 12 de junio pasado en Miami, Florida.
Por tanto, Ayú Prado comisionó a la Oficina Judicial de la CSJ que traslade el caso de los indultos al despacho de Hernán De León, vicepresidente de la CSJ -Ayú Prado es el presidente-, para que sea éste quien convoque al Pleno, a fin de decidir una petición de Zamorano para que se dicten medidas cautelares y se solicite la extradición de Martinelli también por esta causa.
Martinelli no concurrió porque desde el 12 de junio está detenido en Miami, a la espera de ser extraditado a Panamá, pero por otro caso: el de la interceptación ilegal de las comunicaciones.
Sittón replicó que Martinelli no acudió a la audiencia, precisamente porque "no tiene control de sus movimientos", dado que está en el Centro de Detenciones Federales de Miami, por orden del juez federal Edwin Torres, quien ya certificó la extradición del exmandatario. El caso es revisado por la juez de distrito Marcia Cooke, ante un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Martinelli en Estados Unidos.
Sittón comunicó a Ayú Prado que si la juez Cooke rechaza el habeas corpus, la defensa aún puede presentar una apelación en un tribunal en Atlanta. Recordó, además, que el juez de garantías podría declarar un sobreseimiento provisional hasta que se garantice que Martinelli pueda acudir personalmente a la audiencia.
Martinelli es procesado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Sittón recordó que la pena es de uno a dos años de prisión, "o su equivalente a días multas o arresto los fines de semana".
Los indultos fueron otorgados entre el 24 y el 30 de junio de 2014. "Por tanto, se cumple el exceso establecido en el artículo 116 del Código Procesal Penal... Aquí opera el fenómeno de la prescripción", dijo Sittón.
Zamorano indicó que el 10 de mayo pasado, cuando se celebró la primera audiencia de imputación por este caso, Martinelli no estaba detenido y aún así faltó a su cita con la justicia.
"No entendemos por qué la defensa habla de prescripción si es un hecho público y notorio que Martinelli está en rebeldía... Y también estamos pendientes del proceso de extradición", dijo Zamorano al juez. Desde la primera audiencia, el magistrado fiscal solicitó que el expresidente fuera declarado en rebeldía, algo a lo que se ha resistido hasta ahora el magistrado juez. "Estamos pidiendo lo mismo que pedimos en la audiencia del 10 de mayo", recalcó.
Esta es la tercera ocasión en que se intenta realizar esta audiencia de imputación en este caso. La de hoy incluso tenía una fecha alterna asignada: 27 de octubre. Ayú Prado advirtió a los presentes que apagaran sus celulares. Si suena un aparato, el propietario tendrá que salir de la sala.
El proceso por el otorgamiento de los indultos surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Suprema de Justicia una denuncia para que se determinara la responsabilidad contra quienes otorgaron indultos en 19 decretos expedidos en 2014, a favor de personas procesadas por delitos comunes y algunas aún bajo investigación.
Los indultos fueron revocados por Juan Carlos Varela, quien remplazó a Martinelli en la Presidencia de la República el 1 de julio de 2014.
La Constitución panameña faculta al presidente de la República a otorgar indultos únicamente en delitos políticos, no comunes.
