La exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burrillo, llegó la mañana de este lunes 21 de noviembre al Juzgado Decimosexto de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial para la audiencia preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la entidad que dirigió durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Burillo acudió al salón de audiencias del Tribunal Marítimo de Apelaciones en compañía de su abogado Carlos Carrillo, en el caso abierto por la compra de plantas móviles.
Además de Burillo, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.
También pidió llamar a juicio a Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería, y a Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, ambos de la Contraloría General de la República.
Asimismo, solicitó que se llame a juicio al empresario Guillermo Ortiz, representante legal de la empresa Grupo Orme, S.A. (GOSA), contratada para el servicio de transporte de las plantas móviles.
ORIGEN DEL CASO
La investigación se origina por una denuncia de las autoridades de Ampyme, después de que se identificaron presuntas irregularidades en 38 órdenes de compra solicitando el servicio para movilizar o trasladar plantas móviles (furgones y remolques) en la ciudad de Panamá y el interior del país.
Sobre estas 38 órdenes de compra, la fiscal concluye –en su vista– que entre el período 2011 y 2012 se pagó un total de $91 mil 913 por los servicios de transporte de las plantas móviles, pero que dentro de las contrataciones hay 20 facturas pagadas que no tienen la firma de recibo conforme.
La fiscal Sterling indica que en dicha auditoría se apreció que "la cuantía involucrada al comparar los precios facturados, contra cotizaciones de compañías que se dedican al transporte de esta actividad, resultó en notables precios gravosos en los servicios facturados por un monto de exceso de $58 mil 472".
En su análisis jurídico, la fiscal Sterling destaca que Burillo y los otros seis exfuncionarios "con su actuar por acción u omisión, permitieron que se vulneraran los fondos de la Ampyme, faltando así a la atención de sus necesidades socioeconómicas, beneficencia y apoyo en las comunidades".
En cuanto a la participación del representante de la empresa GOSA, Sterling manifiesta en la vista fiscal que "la participación criminal de Ortiz" en el supuesto ilícito se debe a "que recibió el dinero que lesionó patrimonialmente al Estado panameño, por un monto de $58 mil 472".
