Aun cuando no haya un sustento legal en el Código Procesal Penal, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, debe voluntariamente declararse impedido de ser juez de garantías en la investigación que se abrió al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros a través de cuatro cuentas manejadas por la casa de valores Financial Pacific (FP).
En ello coincidieron ayer el exmagistrado de la CSJ Edgardo Molino Mola y el ex juez cuarto de circuito penal Alexis Ballesteros.
El magistrado Ayú Prado ha sido cuestionado por diversos sectores judiciales y de la sociedad civil, luego de que el pleno de la CSJ admitió el 23 de este mes la investigación a Martinelli por el manejo de las cuentas a través de Financial Pacific y lo designó a él como juez de garantías para este proceso.
Dirigentes de la sociedad civil han manifestado que el magistrado debe declararse impedido, porque Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de FP y acusada por un supuesto desfalco en perjuicio de esa casa de valores, señaló que cuando Ayú Prado fungía como procurador de la Nación redactó una declaración en la que ella se retractó de señalamientos que hizo en contra de Martinelli.
Pellegrini había dicho en una primera declaración indagatoria, el 22 de noviembre de 2012, que en FP había una cuenta llamada High Spirit que era de Martinelli y se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals. Pese a ello, Ayú Prado ha dicho que no hay motivos para declararse impedido.
‘YO ME DECLARO IMPEDIDO’: MOLINO MOLA
“En este caso, parece que no hay causales para que el magistrado se declare impedido; sin embargo, a veces, aunque él considere que no hay causa, debió haberse declarado impedido”, indicó Molino Mola.
Argumentó que con esa acción voluntaria Ayú Prado demostraría que “no está interesado en atender ese caso. Que se declare impedido y que digan los magistrados si es legal o no el impedimento”.
Según el exmagistrado, cualquiera de las partes, ya sea el magistrado fiscal Hernán De León, un querellante (si lo hubiese) o los abogados de Martinelli podrían recusarlo.
Molino Mola agregó que el pleno de la CSJ no puede de oficio declarar impedido o recusar a Ayú Prado, porque esa máxima corporación de justicia es precisamente la que debe decidir esos recursos.
“Yo fuese él, me declaro impedido aunque no haya causa y que el resto de magistrados diga si es admitido o no”, señaló. “Pareciera que legalmente no hay motivos para que se declare impedido”, puntualizó. No hay disposición legal que diga que por razones de ética, deba separarse del caso, advirtió el jurista.
‘DEBE FAVORES’
En tanto, el exjuez Ballesteros consideró que por ética moral y profesional el magistrado Ayú Prado debe declararse impedido de ser juez de garantías en esta investigación.
“Él fue procurador e intervino en el caso de Financial Pacific. Y ahora resulta que ha sido señalado directamente como partícipe y por ética, moral y profesional, tiene todas las causales para declararse impedido”, señaló.
“Él no debe ser juez de garantías, porque es obvio que le debe muchos favores a Martinelli”, dijo Ballesteros en referencia a que el exmandatario lo designó como procurador de la Nación en 2010 y luego como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2013.
Ballesteros presentó una denuncia contra Ayú Prado en 2014 ante la Asamblea Nacional, porque presuntamente ejerció presiones contra él cuando fungía como juez penal para que fallara a favor de allegados de Martinelli.
Pese a que el Código Procesal Penal establece las razones específicas por las que debe declararse impedido, Ballesteros consideró que se debe tomar en cuenta los señalamientos que hizo Pellegrini contra Ayú Prado, por supuestamente intervenir para que ella se retractara de la acusación contra Martinelli con relación al manejo de una cuenta en FP.
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Adán Arnulfo Arjona precisó que en caso de que Ayú Prado anuncie impedimento, los otros ocho magistrados del pleno de la CSJ deben decir si acceden a separarlo del conocimiento del proceso.
Arjona explicó que, de oficio, los magistrados no pueden declarar impedido a Ayú Prado, aun cuando haya una opinión popular sobre ese tema.
AYÚ PRADO: SIN PRONÓSTICOS
Ayú Prado estuvo ayer junto con sus colegas Harley Mitchell y Harry Díaz en la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que aprobó en primer debate el proyecto de ley 245, que modifica artículos del Código Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal.
A su salida, manifestó que cuando el fallo que admite la investigación a Martinelli sea firmado por todos los magistrados y se haga oficial, tiene dos días hábiles para decidir si anuncia su impedimento.
Insistió en que deberá revisar si tiene causales de impedimento según el artículo 53 del Código Procesal Penal. “Aún no he visto el fallo, así que ni pronósticos ni predicciones”, dijo.
En cuanto a la acusación hecha por Pellegrini, en el sentido de que él redactó la retracción de ella, recalcó que “este es un asunto que ya se investigó en el Ministerio Público”.
“La verdad es que yo no soy cliente de Financial, no fui cliente de Financial, no han presentado denuncia contra mí y yo no he denunciado tampoco a Financial”, agregó en referencia a los cuestionamientos que ha recibido.
El magistrado agregó que tampoco es propietario ni accionista de la casa de valores FP. A juicio del presidente de la CSJ, el expediente abierto a Martinelli no tiene que ver con Financial Pacific, sino con una cuenta de banco de una empresa que se manejó dentro de esa casa de valores.
Cuestionan demora en definir denuncias
A un mes de que termine el período de sesiones ordinarias, la comisión de Credenciales no ha discutido ninguna de las 21 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia que reposan en esa instancia, 8 de ellas contra José Ayú Prado.
Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de Financial Pacific y quien ha denunciado el supuesto vínculo de Ayú Prado con el expresidente Ricardo Martinelli en el caso de Financial Pacific (FP), dijo estar “indignada” por las denuncias en las que se señala al magistrado por presuntamente actuar bajo intereses ocultos debajo de la ley.
En tanto, el abogado David Sittón, quien ha presentado siete denuncias contra Ayú Prado, lamentó la demora en atender los expedientes.
Las denuncias de Sittón guardan relación con la investigación al juez de Adolescentes de Colón y Guna Yala, Domingo Ibarra Esquivel, fundamentada en una denuncia por corrupción de servidores que interpuso Ayú Prado en 2014.
En tanto, el dirigente sindical Mariano Mena, quien también presentó una denuncia contra Ayú Prado por presuntamente haber ordenado la destrucción de pruebas en la investigación por el hackeo a la computadora del exministro Demetrio Papadimitriu, cuestionó la demora.
El presidente de la comisión, Jorge Arrocha, dijo que no actuará con “apasionamientos” y se hará un análisis responsable de los casos.
