Luego de que la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera de manera provisional el contrato que suscribió el Estado panameño –durante el gobierno de Ricardo Martinelli– con la empresa italiana Selex para comprar 19 radares, diversos sectores del país instaron al Ministerio Público a investigar las supuestas irregularidades denunciadas sobre este caso.
El diputado oficialista Jorge Alberto Rosas dijo que el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino debe explicar las denuncias presentadas contra el contrato que él firmó en la pasada administración.
“Mulino debe responder ante el Ministerio Público por la lesión patrimonial derivada de la desviación de poder en la compra de radares y pago a Agafia”, sostuvo.
En tanto, Aurelio Barría, exdirigente de la desaparecida Cruzada Civilista, aseguró que en este contrato “hubo toda la intención” por parte de los entonces funcionarios de buscar intereses particulares, de “un beneficio” contra la empresa proveedora de los radares, en vez de preocuparse por velar por los mejores intereses del país.
“Creo que el Ministerio Público deberá proceder con profundizar la investigación con la data que ha llegado de Italia, y con las evidencias y elementos que el ministro de Seguridad [Rodolfo Aguilera] ha hecho pública desde el principio, de su inconformidad con los elementos que ha encontrado”, indicó.
De acuerdo con Barría, esta nueva acción por parte de la Corte “refleja un caso más” de que durante la administración de Martinelli “no hubo un proyecto de inversión” de interés para el Estado. Más bien, aseguró, de “tener algún tipo de lucro indebido, y eso es una constante que estamos observando”.
Indicó que el Gobierno ha recogido suficiente información y “ha podido constatar” de que en este contrato hubo “falencias e irregularidades”, y la Corte ha “actuado correctamente”.
En tanto, Balbina Herrera, excandidata presidencial de Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien fue condenada por divulgar correos electrónicos entre el presidente Ricardo Martinelli y el italiano Valter Lavítola en el caso Finmeccanica, dijo que acudirá a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción para solicitar que se investigue a todas las personas y exfuncionarios vinculados en la firma y ejecución de este contrato.
Herrera calificó la decisión de la Corte de un paso “importante”, pues “hemos denunciados públicamente” que hubo irregularidades en este acuerdo.
El contrato con Selex se originó tras la firma de un memorando de entendimiento en materia de seguridad –por unos 250 millones de dólares– suscrito por Martinelli y el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi.
Quien firmó el contrato con Selex fue el entonces ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien reaccionó inmediatamente al conocerse la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. "Este es el ejemplo más claro de pereza intelectual y jurídica que he visto en 32 años de ser abogado", dijo el exministro.
Selex es filial del conglomerado italiano Finmeccanica.
El ministro Aguilera informó ayer que en la demanda que presentaron ante la Corte aportaron como prueba la existencia dentro del precio acordado de una comisión oculta de $25 millones para la empresa Agafia Corp. Esta última sociedad está vinculada con Lavítola.
Aguilera anuncio que también demandará los contratos pactados con otras dos filiales de Finmeccanica -Agusta Westland y Telespazio- para la compra de seis helicópteros y un mapa cartográfico digital, respectivamente.
