La Fiscalía Auxiliar detuvo ayer a 13 personas, entre funcionarios del Órgano Judicial y particulares, presuntamente vinculadas a una red que cobraba dinero a cambio de otorgar libertades a personas con procesos penales en el Segundo Tribunal Superior y en juzgados de circuito penal.
Poco después de las 8:00 a.m. de ayer, el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, acudió al Palacio de Justicia Gil Ponce en Ancón a realizar allanamientos en varios despachos judiciales de manera simultánea.
La Secretaría del Segundo Tribunal Superior fue cerrada al público mientras los funcionarios de la fiscalía realizaban las diligencias, que además se efectuaron en la Oficina de Descongestión Judicial y en los juzgados Primero y Decimosexto de Circuito Penal, en busca de documentos y de los supuestos implicados.El operativo se realizó tras una denuncia presentada el 24 de agosto de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado. La Sala Penal de la Corte autorizó a la fiscalía a realizar escuchas telefónicas para obtener pruebas y evidencias de los acusados.
Sobre el descubrimiento, la exmagistrada de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo que es necesario realizar una depuración en el Órgano Judicial para crear confianza en la ciudadanía, ya que en estos momentos la administración de justicia está en una crisis de credibilidad, de la que no será fácil salir.
INVESTIGAN SOBORNOS EN SEGUNDO TRIBUNAL
A mediados del mes de agosto pasado, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, recibió información –cuya fuente no fue revelada– de que en los juzgados de circuito penal, en el Segundo Tribunal Superior Penal y en la Oficina de Descongestión Judicial supuestamente se cobran coimas para liberar a personas vinculadas con procesos penales, y sobornos a jurados de conciencia.
El 24 de agosto, Ayú Prado envió un informe al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, en el que pidió investigar los hechos. Incluso, le proporcionó los números de teléfonos celulares de los presuntos responsables.
“Le solicito no soslayar los datos y detalles acerca de la celebración de una audiencia pública con jurado de conciencia en los próximos días”, indica la misiva del presidente del máximo tribunal de justicia.
Esa audiencia era el juicio por homicidio seguido al ciudadano Hilario Chen Quintana, quien además ha sido condenado por robos a bancos de la localidad.Fuentes judiciales explicaron que dos notificadores del Segundo Tribunal y un exfuncionario del Órgano Judicial pagaron sobornos al jurado de conciencia que actuaría en el juicio a Chen Quintana. Sin embargo, el juicio se suspendió y se programó para el próximo año.
Como parte de las investigaciones, la Sala Penal de la CSJ autorizó intervenciones telefónicas, por solicitud de la Fiscalía Auxiliar. Se le dio seguimiento a las llamadas telefónicas de los funcionarios judiciales y se recabaron pruebas.
El pasado miércoles, el fiscal Aguilar comunicó al magistrado Ayú Prado que al día siguiente acudiría a practicar diligencias en los despachos judiciales donde trabajan los funcionarios.
De manera sorpresiva, el personal de la Fiscalía Auxiliar, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial, se presentaron ayer pasadas las 8:00 a.m. a la Secretaría del Segundo Tribunal, a la Oficina de Descongestión Judicial y a los juzgados Primero y Decimosexto de Circuito Penal.
ARRESTOS
La atención al público en el Segundo Tribunal fue suspendida durante toda la mañana de ayer. Personal de seguridad del Órgano Judicial custodiaba la puerta para que los abogados y usuarios no ingresaran a esa Secretaría mientras se desarrolló la diligencia.
Siendo las 11:40 a.m., la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial envió un comunicado de prensa en el que confirmó que los hechos se dieron por supuestos pagos de coimas por otorgar libertades a través de medidas cautelares e incidentes. Indicó, además, que se recogieron documentos que servirán como pruebas en la investigación.
Las diligencias terminaron poco antes del mediodía, cuando se llevaron detenida a una funcionaria del Juzgado Primero Penal.
El resto de los detenidos son cinco funcionarios del Segundo Tribunal, otros cinco de la Oficina de Descongestión Judicial y un servidor público del Juzgado Decimosexto Penal. Además, hay un exfuncionario judicial que también fue aprehendido.
SECRETO
Mientras todo esto ocurría, Ayú Prado y sus ocho colegas magistrados llevaron a cabo la sesión ordinaria del pleno de la CSJ.
Posteriormente, Ayú Prado salió de la sesión del pleno para dar declaraciones a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del Palacio de Justicia Gil Ponce.
Precisó que lo que hizo el fiscal Auxiliar fueron inspecciones oculares, con apoyo de personal de Auditoría del Órgano Judicial.“No patrocinamos impunidad ni la comisión de delitos”, dijo.
Manifestó que esta es una de las dos docenas de denuncias que ha presentado durante su administración como presidente de la Corte.
Por lo delicado del caso, la denuncia se mantuvo en estricta confidencialidad, dijo, y reconoció que “se hizo un trabajo bien coordinado entre el fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, la Presidencia de la Corte y los magistrados de la Sala Cuarta” de Negocios Generales.
Según Ayú Prado, el pleno de la CSJ solicitó que se respetaran las garantías fundamentales de los implicados y no se entorpeciera el servicio público.“El mensaje que damos es que nos estamos enfrentando a la corrupción, no con palabras”, advirtió.
Tras las declaraciones de Ayú Prado, el Ministerio Público envió un comunicado sobre el caso.
En la nota, se informó que además de cobrar coimas por dar libertades y sobornar jurados de conciencia, los funcionarios recibían dinero por dar fianzas de excarcelación, retener boletas de captura y manipular fechas de audiencia.
DEPURAR EL SISTEMA
La exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño opinó que el Ministerio Público debe hacer un trabajo rápido y eficiente para la tranquilidad de la ciudadanía.
Dijo que la detención de este grupo de personas por presuntos actos de corrupción en el manejo de casos judiciales produce en la ciudadanía un efecto de “cero credibilidad en los funcionarios judiciales, situación que es muy difícil de revertir”.
Según la exfuncionaria, esta es una oportunidad para producir una depuración de todo el sistema judicial, ya que debe haber más información sobre irregularidades en el manejo de expedientes, expedición de medidas cautelares y fianzas de excarcelación.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, detalló que la investigación abierta por el Ministerio Público es una oportunidad para iniciar un proceso para mejorar la administración de justicia.
Para Araúz, que sea el presidente de la Corte quien haya presentado la denuncia es un indicio de que se quiere lograr un adecentamiento en los despachos judiciales.
En tanto, el exjuez Alexis Ballesteros, quien presentó en 2014 una queja disciplinaria contra los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, por supuestas presiones para favorecer a allegados al expresidente Ricardo Martinelli, calificó como buena la acción emprendida para erradicar la corrupción del Órgano Judicial, pero lamentó que los detenidos fueran funcionarios de bajo nivel.
En su queja, Ballesteros aseguró que fue obligado a renunciar por no “seguir indicaciones” y revocar el archivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. por el bloqueo a Corporación La Prensa, ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.
A su vez, el abogado Carlos Herrera Morán dijo que los arrestos realizados ayer en el Segundo Tribunal revelan que el sistema de justicia ha colapsado.
El Segundo Tribunal de Justicia es el encargado de los asuntos penales en las provincias de Panamá, Colón y la comarca Guna Yala. Dicta fallos y apelaciones de los juzgados de circuito y fiscalías. En el país hay 14 tribunales superiores.
La corrupción de funcionarios en la legislación
De acuerdo con el Ministerio Público, las detenciones de ayer obedecieron a “la negociación de fianzas, retención de boletas de captura, manipulación de fechas de audiencias y sobornos a jurados de conciencia”. Según esta afirmación, estaríamos en presencia de un delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de los servidores públicos, según lo tipifica el artículo 346 del Código Penal, que establece sanciones de cuatro a ocho años de prisión por cada hecho delictivo.
Las consecuencias para quienes sean encontrados responsables por estos delitos no solo incluyen las penas de prisión, si no la inhabilitación para ejercer un cargo público, y posiblemente la cancelación de la idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. Con la nueva legislación contra el blanqueo de capitales, es probable que se les aplique además otras sanciones, debido a que los fondos ilícitos recibidos debieron haber sido blanqueados para su uso por los presuntos beneficiarios de pagos y sobornos. El impacto más serio de este escándalo es sobre las víctimas de los delitos, cuyo juzgamiento se afectó por los actos de corrupción.
En la práctica, una medida cautelar favorable a un acusado no es tan relevante si dicho acusado es juzgado y condenado posteriormente. En cambio, son muy serias aquellas acciones que dilatan la fecha de audiencia de un caso penal, porque esto puede servir para producir la prescripción del caso, causando que un culpable sea liberado por esta actuación corrupta. Igual efecto tiene el retraso de las entregas de las boletas de captura, que hace posible que los investigados o acusados por delitos tengan tiempo suficiente para escapar del país o destruir evidencias importantes del caso. Finalmente, el soborno de miembros de un jurado de conciencia en casos de homicidio podría explicar en parte la alta tasa de impunidad de este delito en Panamá. Por cierto, la mayoría de los jurados son, a su vez, servidores públicos, por lo que ellos también enfrentarían la misma acusación formulada a los detenidos de la jornada de ayer.
Rodrigo Noriega
*El autor es abogado
