Ovidio Fuentes, quien fungía hasta hace pocas semanas como director Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad, se encuentra prófugo ante una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico internacional de armas de fuego y contra la fe pública que sigue el Ministerio Público.
Fuentes es una de las nueve personas que son investigadas en este proceso donde también son señalados la secretaria general de la Diasp, una capitna, dos sargentos de la Policía Nacional y otros tres funcionarios del Ministerio de Seguridad. Además se investiga a un particular de origen asiático del que se menciona el registro de un arma de fuego estando vigente el decreto de veda de armas de fuego.
Este miércoles 3 de octubre la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, en audiencia ante un juez de garantías, tenía previsto solicitar causa compleja este proceso, pero no se logró llevar el acto de audiencia, ya que no asistieron la defensa legal de algunos de los vinculados a los hechos que se investigan.
En la cuenta de Twitter del Ministerio Púbico se informó que para el próximo martes 9 de octubre fue programada esa audiencia.
Para el próximo martes fue reprogramada la audiencia contra 9 funcionarios (uno que se mantiene prófugo), quienes laboraban en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) y un... https://t.co/vKWuqJKwIP
Comunicado del Ministerio Público
Para el próximo martes fue reprogramada la audiencia contra 9 funcionarios (uno que se mantiene prófugo), quienes laboraban en la Diasp del Ministerio de Seguridad Pública y un particular.
Las investigaciones determinaron que un ciudadano de origen asiático recibía un trato preferencial en la Diasp, al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia “VIP”, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley N°57 de 27 de mayo de 2011.
Hasta la fecha el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, ha realizado 27 diligencias de allanamientos en residencias, comercios y en el Diasp.
Se han localizado 40 armas de fuegos, que habían comprado una persona en el exterior a pesar de que no tenía permiso de importación. Además se han realizado 34 entrevistas a colaboradores del Diasp, coimputados, y compradores que han dejado claro el modus operandi de este grupo.
También se tramitó una solicitud de colaboración internacional, mediante Asistencia Judicial a Estados Unidos, para determinar quién introdujo las armas al país, y se determinó que había realizado múltiples compras a bajos precios y eran vendidas en Panamá entre $149 y $5 mil 500 y de $540 a $7 mil 500.
