La Fiscalía Tercera Anticorrupción acusó al exministro de Seguridad José Raúl Mulino de la supuesta comisión del delito de peculado en la ejecución del contrato para la compra de 19 radares a Selex –filial de Finmeccanica– por haber permitido el desembolso de $68.3 millones a la empresa italiana, “sin que a este momento se cuente con un estudio de viabilidad del proyecto” .
De acuerdo con la resolución de la fiscalía, el exministro tenía vinculación directa con la parte del funcionamiento de los radares comprados a Selex, que según certificación del Servicio Nacional Aeronaval no cumplían con las especificaciones del contrato firmado, y, sin embargo, Mulino “emitió la orden para que se avanzara con el desembolso de $68.3 millones al finalizar su administración”.
Los desembolsos, según documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron efectuados entre los meses de julio y agosto de 2014.
POR QUÉ ESTA DETENIDO
Testimonios de funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes indicaron que los radares no detectaban las lanchas rápidas del narcotráfico, y el desembolso a Selex –filial de Finmeccanica– de $68.3 millones fueron el fundamento que utilizó la Fiscalía Tercera Anticorrupción para acreditar la presunta comisión de delitos contra la administración pública (peculado) al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien permanece detenido desde el 26 de octubre pasado.
La resolución firmada por la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore –a la que este diario tuvo acceso–, destaca la declaración bajo juramento de Edberg Elieser Rodríguez Jaramillo, funcionario de la Dirección Nacional de Vigilancia Territorial del Senan, según la cual “los radares se utilizaron por un año, pero nunca se incautó de ninguna lancha de narcotraficantes con el sistema”.
Rodríguez declaró que fue capacitado por Selex para el uso de los radares que en las pruebas que se hicieron entre 2012 y 2014, en las que él estuvo presente, nunca se alcanzaron los resultados esperados; es decir, detectar embarcaciones pequeñas en el radio de acción de los radares pactado en las especificaciones del contrato.
Además, la fiscal Moore incluyó el testimonio de Carlos Terrientes Guzmán –otro oficial del Senan–, quien fue capacitado y participó en las pruebas de los radares.
El funcionario apoyó las declaraciones de Rodríguez e indicó que tenían muchas dificultades para detectar las embarcaciones pequeñas con los radares comprados a Selex.
A su vez, el director nacional de Vigilancia Territorial del Senan, Joe Laniado Morales, declaró que la entidad participó en las pruebas iniciales de los radares cuando se utilizaron patrulleras grandes, pero luego solicitaron nuevas pruebas con embarcaciones pequeñas, que dieron como resultado un alcance promedio que estaba lejos de cumplir con las especificaciones del contrato.
Contó que cuando faltaba una semana para el cambio de gobierno –en julio de 2014–, el Senan recibió un anexo en el que se garantizaba que los radares cumplían con el alcance pactado en el contrato. Sin embargo, Laniado indicó que el Senan “es consciente” de que ese documento no coincide con los resultados de las pruebas hechas a los radares.
Laniado fue categórico al indicar a la fiscalía que en el tiempo que estuvieron funcionando los aparatos comprados a Selex –entre 2012 y 2013– “no se logró la captura vinculada a delitos de narcotráfico con la ayuda de los radares”.
Para cuando se hicieron las pruebas a los radares, José Raúl Mulino estaba al frente del Ministerio de Seguridad Pública.
Por otro lado, la fiscalía destaca la opinión de Graciela Arosemena, técnica del Ministerio de Seguridad, contratada como enlace y coordinación de las actividades referentes a la construcción de facilidades para instalar los radares, quien reveló que en las pruebas que se hicieron en el centro de mando y control de los radares –en Cocolí– se detectó que había un problema con el alcance de los aparatos.
Además, la fiscalía aportó copias autenticadas de las pruebas realizadas a los radares, fechadas el 28, 29 y 30 de abril; 2 y 16 de mayo de 2014 (ver tabla), así como la nota No. 1290, del 7 de mayo de 2015, de la Dirección de Vigilancia Territorial del Senan, en la que se indica que los siete radares instalados se encuentran apagados por problemas técnicos atribuidos a la garantía.
CAMBIARON COORDENADAS
Jorge Ernesto Fisher, jefe de la Dirección Nacional de Vigilancia del Senan, declaró que los lugares escogidos para ubicar los radares no fueron consensuados con los estamentos de seguridad de Panamá. Los “sitios estaban preestablecidos por parte de la empresa Selex”, indicó.
Recordó que cuando Selex vino a Panamá con las coordenadas preestablecidas para instalar los equipos, se trasladaron en helicóptero a esos sitios, pero se encontraron que los lugares escogidos eran, incluso, inaccesibles.
Indicó que, ante esta situación, el Consejo Nacional de Seguridad –que por entonces estaba a cargo del proyecto– empezó a buscar nuevos terrenos y que debido a ello se tuvieron que mover las coordenadas para ubicar los radares.
En este punto, la técnica Graciela Arosemena precisó que los nuevos terrenos donde se ubicarían los radares no pertenecían al Estado y sobre la marcha se tendría que ir trabajando en ello.
A su turno, el exviceministro de Seguridad Alejandro Garuz explicó en su indagatoria ante la fiscalía que él era el encargado de contactar a los dueños de las fincas privadas donde se reubicarían los radares.
A ellos les explicaba por qué el Estado requería de un globo de terreno de entre mil 500 y 2 mil metros cuadrados. Señaló que luego el equipo legal se encargaba de el trámite de traspaso de los terrenos para uso del Ministerio de Seguridad Pública.
Fisher destacó que los tres radares que se ubicaron mientras ocupó la jefatura de Vigilancia en el Senan fueron recibidos conforme por el entonces viceministro de Seguridad Alejandro Garuz, quien también está imputado en la investigación que adelanta la fiscalía por el contrato de los radares.
Indicó que, una vez recibida la instalación donde se ubicaban los radares, esta se cerraba con llave y nadie de los estamentos de seguridad la vigilaba de forma permanente.
Reveló que los radares instalados requerían de personal especializado para su operación, pero que no se había capacitado.
En cuanto a las pruebas de alcance de los radares, indicó que no participó en ellas. Todo eso lo sabía el técnico Mario Bonilla –dijo–, quien fue contratado por Garuz como parte del equipo que tenía la tarea de verificar que los radares cumplieran con las especificaciones del contrato.
Aseguró que el Senan no participó en nada antes de la firma del contrato, porque su personal no fue consultado. “Previo al contrato, no fuimos informados ni tomados en cuenta para participar”, destacó Fisher, aunque sí tuvo participación en las giras, capacitación y pruebas del equipo.
DESEMBOLSOS SIN JUSTIFICACIÓN
La fiscal Moore sustenta que, “como consecuencia del incumplimiento de sus deberes como ministro, el señor José Raúl Mulino permitió que el Estado desembolsara $68 millones 325 mil, sin que a este momento se cuente con un estudio de viabilidad del proyecto, justificación y sobre todo determinar que las tierras donde se iban a localizar las mencionadas torres radares eran ya propiedad del Estado, aspecto de suma importancia al momento de adelantar un proyecto de esta envergadura”.
Según la fiscalía, hubo desembolsos a Selex entre julio y agosto de 2014. El costo total del contrato con esta empresa suma $125 millones.
La fiscalía tiene en su poder las gestiones de cobro y copia de los cheques relacionados al contrato DA-043-2010, de los radares, en las que se pactaron los desembolsos por el monto señalado durante la gestión de Mulino. Los documentos fueron proporcionados por el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“En conclusión, está claramente establecido que José Raúl Mulino tenía vinculación directa con el cumplimiento del contrato, entiéndase con ello la ejecución irrestricta del Anexo B del contrato DA-043-2010, que de acuerdo a la certificación expedida por el Servicio Nacional Aeronaval los sitios radares no cumplieron con el alcance por el cual se contrató con la empresa Selex [...], no obstante, en su función de ministro responsable de la suscripción y cumplimiento del contrato, emitió la orden para se avanzara con el desembolso de sesenta y ocho millones trescientos veinticinco mil quinientos veintiocho balboas al finalizar su administración”, destaca el documento de la fiscalía.
PELIGRO DE FUGA
Otro de los fundamentos de la resolución de la fiscalía guarda relación con las “circunstancias de individualidad y medio en el que se desenvuelve el imputado”.
En tal sentido, se resalta en el documento que Mulino tiene varios pasaportes, incluyendo uno diplomático, tal como lo certificaron la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migración y la Dirección de Pasaportes. Además, que el exfuncionario admitió tener la nacionalidad italiana.
“Es importante dejar sentado que a pesar que el imputado, José Raúl Mulino Quintero, cumplió con la citación expedida por este despacho, ello no demerita que siendo consciente en este momento del delito que se le endilga y las pruebas que constan en su contra, se vea tentado a abandonar el país, contando con medios económicos que se lo puedan facilitar, sin dejar de lado que cuenta con dos nacionalidades”, dice el documento.
MULINO REFUTA
En el documento de la fiscalía también se destacan declaraciones que rindió en su indagatoria ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción el exministro Mulino.
En ellas, el exfuncionario negó los cargos por la supuesta comisión del delito de peculado que le imputa el Ministerio Público.
Afirmó que Garuz y su equipo eran los encargados de dar seguimiento al contrato. Pero Garuz, en su indagatoria, reveló que Mulino fue el que le dio instrucciones para la ejecución y seguimiento del contrato con Selex para la instalación de los 19 radares.
Respecto al desembolso de $68.3 millones a Selex, Mulino explicó que este se efectuó con la finalidad de que el Estado panameño no entrara en mora, ya que lo intereses eran muy altos.
Sobre la certificación que dio el Senan de que siete radares no alcanzaban a detectar las lanchas rápidas del narcotráfico, respondió que todo se debe a problemas técnicos de la garantía de los aparatos que deben ser subsanados al término del contrato. Señaló que no se puede exigir la garantía si antes no se hacen los pagos, como establece el contrato.
Mulino manifestó que existen mecanismos para solucionar las controversias vinculadas al contrato, tal como es el caso del arbitraje, la indemnización o la fianza de cumplimiento. Señaló que como ministro no le correspondía responder a esta situación, ya que no era garante del contrato con Selex.
