El Juzgado Decimoquinto Penal admitió un incidente de nulidad contra las indagatorias de los exministros Lucy Molinar (Educación), Roberto Cohen Henríquez (Presidencia), Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Jaime Ford Castro (Obras Públicas), como parte de la investigación por la compraventa de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La acción, adoptada por el juez Leslie Loaiza, también beneficia a Tomás Escalona, informó una nota de prensa del Órgano Judicial (OJ).
Loaiza fundamentó su decisión en el artículo 2033 del Código Judicial, que establece en cuatro meses el plazo de investigación, prorrogable por dos meses, cuando son varios los investigados o hechos punibles. Según el juez, el Ministerio Público permitió que transcurrieran ocho meses y medio desde el inicio de la investigación (el 27 de agosto de 2014) hasta que se dictó la providencia de indagatoria.
"Es por ello que este juez es del criterio de que se ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente y conforme al trámite legal", señala el boletín del OJ.
El incidente de nulidad fue presentado por Jair Urriola, abogado de Molinar.
Juez 15 de Cuircuito Penal de Panamá declara nulidad relativa dentro del proceso conocido como granos, relacionado con la resolución que ordena la indagatoria de 5 exfuncionarios del gobierno pasado. #OJInforma pic.twitter.com/6GkHXjJsBy
En septiembre pasado, el juzgado -entonces a cargo de la juez suplente Dalys Sánchez, anuló la indagatoria del exministro de Economía y Finanzas Fran De Lima, como parte de este proceso.
[Lea aquí la nota 'Jueza archiva caso a exministro Fran De Lima'].
Según la investigación del Ministerio Público, una red organizada operada por empresarios estaba detrás de los millonarios contratos del PAN para la compra de granos que serían repartidos en escuelas de difícil acceso.
Así fue revelado en enero de 2015 por Rafael Guardia Jaén, quien fungió como director del PAN entre 2012 y 2014, al rendir declaración indagatoria. Guardia Jaén estuvo detenido en la cárcel El Renacer desde noviembre de 2014 hasta la pasada semana, cuando le fue concedida una medida de impedimento de salida del país.
Según Guardia Jaén, el modus operandi fue el siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato de compraventa de lentejas, porotos y frijoles.
Detalló que el mismo proveedor presentaba tres cotizaciones de diferentes empresas con distintos dignatarios, o a veces pedía empresas prestadas a otro proveedor, para que estas presentaran ofertas superiores y lograr con ello la adjudicación del contrato.
La red tenía pleno conocimiento del procedimiento para adjudicar las compras, debido a que todo estaba planeado antes, dijo.
En su indagatoria, Guardia Jaén contó que recibía instrucciones de Adolfo Chichi De Obarrio, entonces secretario privado del mandatario Ricardo Martinelli. Él ordenaba a qué empresa sería adjudicada la licitación, precisó Guardia Jaén.
En noviembre de 2015, la Contraloría General de la República determinó, a través de una auditoría, que por estas transacciones se habría causado una lesión patrimonial al Estado de 12.3 millones de dólares.
