El expresidente Ricardo Martinelli continuará detenido por lo menos hasta el 22 de agosto, cuando se reanudará la audiencia en la Corte del Distrito Sur de la Florida, para decidir su extradición a Panamá.
La decisión fue adoptada este jueves 3 de agosto por el juez Edwin Torres, quien anunció a las partes un receso para examinar con más tiempo la posible aplicación de la convención sobre cibercriminalidad, uno de los acuerdos en los que se basa la solicitud de extradición del exgobernante formulada por Panamá a Estados Unidos.
La defensa de Martinelli se opone a que dicha convención sea utilizada para decidir la extradición, en vista de que fue adoptada por Panamá en 2014, lo que significa que entró en vigencia después de haberse cometido los delitos de los que se le acusa.
La audiencia de este jueves debía comenzar a las 9:00 a.m., pero finalmente empezó a las 10:17 a.m.
Como ocurrió en las dos sesiones anteriores, el expresidente ingresó esposado de manos y pies, y vistiendo el uniforme color caqui propio de los prisioneros.
En la sala de audiencias lo esperaban sus abogados estadounidenses y también varios de Panamá, una de sus hermanas, su cuñado y algunos copartidarios.
Aunque el juez Torres no precisó la razón del inusual retraso, este podría atribuirse a la voluminosa documentación presentada a última hora de ayer por la defensa y que el juez, durante la audiencia, informó haber leído ya.
El pasado miércoles, los abogados Marcos Jiménez, John Byrne y Jordi Martínez-Cid -del equipo legal del exmandatario- presentaron un escrito de 58 hojas y 33 pruebas (repartidas en 336 hojas) en el que daban respuesta al material aportado el martes por la fiscalía, y ofrecieron una serie de hechos al juez para que este no avale la solicitud de extradición y ordene la libertad inmediata de su cliente, por ser un perseguido político sin una orden de detención válida en su contra.
En la audiencia, los abogados alegaron que la detención debería negarse porque la solicitud de extradición viola el debido proceso, no existe causa probable, los delitos de espionaje no son extraditables y no hubo delito de peculado, dado que uno de los aparatos utilizados por el Consejo de Seguridad Nacional para la interceptación ilegal de las comunicaciones no fue adquirido con fondos públicos.
Sobre este último punto, el fiscal Adam Fels aludió a la licencia de usuario final del programa operado por uno de los aparatos y leyó un documento suscrito en el año 2012 por Gustavo Pérez, entonces director del Consejo de Seguridad Nacional, y la empresa israelí MLM Protection -proveedora del equipo-, en el que el Estado acordó el cronograma de pago.
El fiscal también hizo referencia a los testimonios de algunos de los espiados.
Específicamente, mencionó al exmagistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla; el exdiputado Yassir Purcait; el gerente de TVN Canal 2, Luis Mouynes, y el abogado Rosendo Rivera, a quien Martinelli contrató una vez para demandar a la dirigente del PRD, Balbina Herrera.
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario solicitó que lo cambiaran a otro centro de detención. El juez negó la solicitud.
Más información en la edición impresa del diario La Prensa del viernes 4 de agosto de 2017...
