Felipe Antonio Fuentes López, a cargo del Juzgado Séptimo Penal, admitió –a través de una carta enviada a José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia– que mantenía en su casa los expedientes relacionados al caso Financial Pacific, que fueron encontrados el pasado 15 de enero tirados en la carretera Panamericana, cerca de Loma Cová, Arraiján.
No obstante, en el escrito, el juez explicó que se trató de un error.
Fuentes indicó que el Juzgado Séptimo Penal, el cual dirige, se mudó el mes pasado a una nueva sede y que, en medio de esa acción, varios documentos oficiales se habrían mezclados con otros personales relacionados con una tesis que adelanta para optar por una maestría de Derecho Penal de la Universidad de Panamá.
"No puedo precisar el día, pero que fue antes del día feriado 9 de enero de 2018, casi al finalizar la jornada, como andaba en motocicleta y parecía que iba a llover, pedí a una oficial mayor del despacho que tiene auto y que vive por el área donde yo vivo que me llevara los sobres que tenía dentro del despacho y creo que hasta se los entregué personalmente. La idea era seguir trabajando en la tesis ese fin de semana y sin saber ni querer me llevé para la casa el sobre con los incidentes pesando que eran documentos personales".
Sigue narrando el juez Fuentes que fue el domingo 14 de enero cuando se percató que, entre los sobres que tenía en casa, se encontraba la documentación relacionada al caso Financial Pacific y que decidió llevarlo al día siguiente, es decir, el lunes 15.
"Decidí viajar en mi motocicleta Honda Shopper 750, 2008 y coloqué el sobre contentivo de los dos incidentes en la alforja derecha de la motocicleta considerando a este un sitio seguro porque antes he trasladado allí objetos más grandes sin ningún problema", añadió.
Según el relato, al parecer en el trayecto hacia el despacho, ubicado en Ancón, cuando se formó un tranque en un tramo de la vía, un auto, según informe de la persona que devolvió el sobre, rozó la alforja donde se encontraba el sobre y "debió salirse". Cuando llegó al despacho se percató que no lo tenía, por lo que procedió a buscarlo.
"Hablé con la secretaria y una asistente y les dije lo sucedido, además que íbamos a esperar unos días para ver si nos devolvían los cuadernillos, de lo contrario, di instrucciones para que fueran ubicando a las partes a fin de realizar el trámite de reposición parcial de expedientes como manda la ley".
Entre los documentos extraídos del juzgado estaban acciones promovidas por los abogados defensores de los imputados y una solicitud presentada por Leyda Sáenz, fiscal séptima anticorrupción. Por ejemplo, ahí se encontraban tres incidentes de controversia, presentados por los abogados Nicolás Brea y Abril Arosemena, y por la firma forense Guevara Legal Bureau. También una solicitud para que se declare compleja la investigación, presentada por la fiscal Sáenz; un cuadernillo contentivo de incidente de previo y especial pronunciamiento, promovido por el abogado Rogelio Gálvez; otro incidente de competencia y de previo y especial pronunciamiento presentado por la abogada Arosemena.
Al respecto, el juez explicó que "tenía planeado resolverlos esta semana [los recursos] lo cual haré tan pronto haga una reposición de dichos cuadernillos".
Los documentos encontrados guardan relación con el caso sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, proceso por el que la fiscalía ha imputado cargos por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales y financieros a 14 personas, entre las que figuran West Valdés e Iván Clare, fundadores de FP; además de Ori Sasson Zbeda, Aaron Mizrachi Malca, Navin Mohan Bhakta, Tse Yum Ling y Miguel Mihalitsianos. También han sido imputados Roberto Enrique de la Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, a quienes el juez Fuentes les concedió una fianza por $10 mil a cada uno, para así evitar ser detenidos, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les concedió una fianza para no ser detenidos, por $100 mil cada uno.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia abrieron sendas investigaciones, una penal y otra administrativa, respectivamente, tras el hallazgo de documentos del expediente del caso FP.
