El juez quinto Penal, Enrique Paniza, decretó la nulidad de lo actuado en parte del expediente que instruyó la Fiscalía Tercera Anticorrupción, por la compra de 19 radares a la empresa Selex, filial del conglomerado italiano Finmeccanica.
Por este caso, la fiscal Zuleyka Moore solicitó llamamiento a juicio para el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, y el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
La información fue dada a conocer por el Órgano Judicial este lunes, poco después de divulgar que el juez Paniza también favoreció a Mulino y Garuz con cambios de medida cautelar distintas a la detención preventiva, como había ordenado la fiscal Moore.
Aunque se conoció todo ello este lunes, la nulidad relativa del expediente fue adoptada por Paniza el 3 de febrero pasado y los cambios de medida cautelar el 4 del mismo mes, antes de conocer el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Panamá y Finmeccanica, en relación a los contratos para la compra de equipo de seguridad.
El juez decretó la nulidad de lo actuado a partir de la foja 3997, como solicitó la defensa de Mulino, alegando que la fiscal realizó diligencias fuera del tiempo otorgado para culminar la instrucción sumarial.
Esta decisión es recurrible ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, integrado por los magistrados Secundino Mendieta, María de Lourdes Estrada, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco y Adolfo Mejía.
Zuleyka Moore
Fiscal Tercera Anticorrupción
El Ministerio Público informó que la fiscalía tiene dos días hábiles a partir del martes 8 de marzo, para presentar su respuesta ante el fallo del juez Paniza.
El expediente ingresó a la Fiscalía Tercera Anticorrupción el 12 de agosto de 2014. El 8 de enero de 2015, el juez Paniza otorgó a la fiscal Moore ocho meses adicionales para culminar la instrucción, término que venció el 22 de septiembre de ese mismo año. El 28 de octubre, el juez negó una solicitud para extender la investigación, decisión que fue apelada en tiempo oportuno por la fiscal.
El 16 de diciembre pasado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó la apelación.
En un escrito remitido al juez Paniza, la fiscal alega que la defensa de Mulino solicitó la práctica de pruebas que se extendieron hasta el 21 de enero de 2016, “por lo que era consciente del término dispuesto por el juzgador para que se remitiera el expediente al Tribunal y jamás emitió solicitud alguna que refiera al hecho que se concluyera con lo investigado”.
“El 'incidentista' en lugar de cuestionar en su momento lo que consideraba era incorrecto, continuó aduciendo pruebas que fueron objeto de pronunciamiento por la suscrita, permitiendo con ello que se extendiera aún más la investigación, actitud que ahora pretende utilizar para [la] posibilidad de una anulación, ensayando con ello manipular la administración de justicia”, agrega la fiscal en su escrito al juez.
Más información en la edición impresa de La Prensa del martes 8 de marzo de 2016.
