La jueza de cumplimiento Elizabeth Berroa negó, la noche de este viernes 25 de octubre, una petición de libertad vigilada a favor del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, condenado a cinco años de prisión por los delitos de peculado y blanqueo de dinero en perjuicio de esa entidad.
La jueza fundamentó su decisión en que Guardia Jaén no cumple con adecuados niveles de resocialización como lo exige la Ley.
Pero, sí reconoció que certificó su residencia y mantiene una promesa de trabajo, en un bufete de abogados con un salario de 700 dólares al mes.
Como parte de este proceso, Guardia Jaén firmó en 2017 un acuerdo de colaboración eficaz y de pena a cinco años de prisión.
La abogada Mónica Peralta, defensora de Guardia Jaén, presentó un recurso de apelación por considerar que su cliente ha dado muestras de querer reintegrarse a la comunidad.
La fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, informó que esta audiencia se llevará a cabo el próximo viernes 1 de noviembre a las 2:00 p.m.
Declaraciones
Al salir de la audiencia, Guardia Jaén dijo que la jueza de cumplimiento señaló que quien debe darle la certificación de resocialización es el Sistema Penitenciario, pero esto no es posible porque él no se halla detenido. Aseguró que su defensa llevó las pruebas de resocialización.
"Todos cometemos errores, y yo estoy arrepentido, pedí disculpas al país", agregó el exfuncionario de la administración de Ricardo Martinelli.
Guardia Jaén, tiene las medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación.
Por su parte, la fiscal Moore explicó a los medios de comunicación, al concluir la audiencia que la jueza calculó que a Guardia le falta cumplir 494 días de su condena de 1,825 días (60 meses de prisión), los cuales deberá pasarlos en un centro penitenciario.
La jueza restó el tiempo que permaneció detenido y con depósito domiciliario, agregó Moore.
Al Sistema Penitenciario le corresponde realizar una evaluación de la situación de Guardia Jaén, añadió.
