El Juzgado Décimoquinto Penal fijó un edicto para notificar a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), sindicado por el supuesto delito contra la administración pública por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En el edicto –que tiene fecha de 3 de junio, pero fue fijado hoy, 8 de junio, a las 9:00 a.m.- se advierte a la población que tiene la obligación de informar el paradero de De Obarrio, “si lo conocen, so pena de ser sancionados conforme al Código Penal”.
“Asimismo, se exhorta a las autoridades en general que presten la colaboración necesaria para lograr la comparecencia del imputado”, señala el edicto que firma el juez Leslie Alberto Loaiza y la secretaria judicial Nubiet Morales.
El mismo documento advierte que De Obarrio tiene 10 días hábiles para comparecer, “de lo contrario se tendrá notificado de esta resolución para todos los efectos y se continuará el proceso en ausencia”. El edicto emplazatorio estará fijado por un plazo de cinco días hábiles, y entonces empieza a correr el término de los 10 días para comparecer.
La audiencia preliminar del caso se celebrará el próximo 21 de octubre. Como fecha alterna, el juzgado estableció el 23 de noviembre.
Por este caso, la Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio para De Obarrio; el exdirector y el exjefe de Nutrición del PAN, Giacomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; la excontralora Gioconda de Bianchini; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas); los exviceministros María Fábrega (Presidencia) y Marta de Varela (Desarrollo Social), y el comerciante Rubén De Ycaza, de la sociedad Lerkshore International, proveedora de los alimentos deshidratados.
Todos tienen alguna medida cautelar, salvo De Obarrio, que nunca ha comparecido personalmente al proceso. Tamburrelli, Famiglietti y De Ycaza gozan de casa por cárcel, y Molinar, Suárez, Fábrega, de Varela y de Bianchini tienen impedimento de salida del país.
La Corte Suprema de Justicia también abrió causa a Martinelli, luego que Tamburrelli declaró en su indagatoria que el expresidente le ordenó contratar a Lerkshore. Martinelli, por su condición de diputado del Parlacen, debe ser investigado por la Corte. Para esta tarea, el pleno escogió a Oydén Ortega como fiscal y a Jerónimo Mejía como juez de garantías.
Por la compra a Lerkshore, una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que la lesión al Estado fue de $44.9 millones, casi el monto total del contrato.
La abogada de De Obarrio, Edna Ramos, dijo el domingo pasado que su cliente comparecerá, antes de la audiencia preliminar
