Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, tendrá que darle la cara a la justicia por las supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que según la Contraloría ocasionó una lesión al Estado de $44.9 millones.
En un fallo emitido ayer, el Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, abrió causa criminal a De Obarrio y ordenó su captura para lo cual alertó a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Judicial, y solicitó a Interpol hacer lo propio en el ámbito internacional.
“[...] el actuar de Adolfo De Obarrio se ubica en lo denominado por la doctrina [como] un autor mediato, para algunos autor intelectual [...]”, sustentó Loaiza.
De Obarrio deberá ir a juicio por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en actos de contratación pública.
El juez también llamó a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exjefe del Departamento de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited; empresa a la que se le adjudicó el contrato en el año 2010.
JUZGADO LLAMA A JUICIO A CINCO IMPUTADOS
El Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal ordenó abrir causal criminal a cinco de los nueve imputados por el Ministerio Público en la investigación por supuestas anomalías en la compra de $44.9 millones en comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El llamamiento a juicio –por la supuesta comisión del delito de peculado– alcanza al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exjefe del Departamento de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini y el empresario Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited.
El titular del juzgado, Leslie Loaiza, también abrió causa criminal y ordenó la captura y conducción –a través de Interpol– de Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en actos de contratación pública.
Además, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas); y de las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social), quienes integraban la junta directiva del PAN cuando se aprobó el contrato.
En el caso de Molinar, Loaiza sustentó que “no fue la ente regente que suscribió el contrato [...] Tampoco obra que Molinar actuó con dolo, ya que a lo largo de la declaración indagatoria por parte de Tamburrelli, este no la menciona como sabedora y/o conocedora de que había que adjudicar el contrato [...]”.
En lo que respecta a Suárez, Fábrega y de Varela, el fallo del juez dice: “no observamos omisión alguna por parte del Consejo Directivo, por el contrario el acta [de la reunión donde se avaló la compra] consigna que se aprobó la contratación por los buenos resultados que se había tenido por parte del cuerpo administrativo y docente de las escuelas”.
La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, quien investigó el caso, había solicitado en la audiencia preliminar del proceso, celebrada a finales de noviembre pasado, el llamamiento a juicio de los nueve procesados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y el patrimonio económico.
Tamburrelli, Famiglietti, Torres de Bianchini y De Ycaza tienen medidas cautelares de país por cárcel y arresto domiciliario, pero De Obarrio nunca ha comparecido personalmente al proceso, pues, según su defensa, no está en el país.
El juicio se llevará a efecto el 30 de mayo de 2016, con fecha alterna el 4 de julio del mismo año.
En el fallo –al que este medio tuvo acceso– se ordena que se levanten y queden sin efecto las medidas cautelares personales de país por cárcel y notificación quincenal impuestas a Molinar, Suárez, Fábrega y de Varela.
El documento también indica que se mantienen las medidas cautelares de casa por cárcel a Famiglietti y De Ycaza.
Para Torres de Bianchini se mantuvo la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial. En este caso, Tamburrelli tiene la media de país por cárcel, luego de que el Segundo Tribunal Superior Penal le concedió la solicitud de cambio de medida. Sin embargo, la Fiscalía Sexta Anticorrupción le impuso recientemente una medida de casa por cárcel en el caso de compra de instrumentos de música con fondos del PAN.
REACCIONES
Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, expresó que el fallo fue conforme a derecho y “lo mal motivada que fue la vista fiscal, que pidió una cantidad de delitos que jurídicamente no se podían sostener”.
Recordó que a Tamburrelli se le había acusado de tres delitos y solo fue llamado a juicio por peculado.
El abogado Rolando Rodríguez Chong, defensor de De Ycaza, consideró que “el fallo es jurídico”. “Se presentaron y aportaron elementos para que el juez realizara el fallo tal y como se dio”, dijo.
Fuentes del Ministerio Público informaron que la fiscal Vielka Broce analizará el fallo, a fin de decidir si apela o no la decisión del juez.
El artículo 338 del Código Penal estipula sanciones que van desde 4 a 10 años de cárcel para quienes cometan delitos contra la administración pública.
