Información contenida en el expediente del caso que investiga el Ministerio Público por la compra de una plataforma tecnológica que supuestamente no fue instalada, sugiere que Eduardo Jaén, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) nunca justificó el proceso que siguió para aprobar el monto de la propuesta que presentó Innovative Venture, S.A., de Mayer Mizrachi, para instalar el software Criptext y por el que el Gobierno pagó $211 mil 850.
Así lo declaró Edgar Rodríguez Salazar, exfuncionario de la AIG, en una indagatoria ante el Ministerio Público. Mientras que Eduardo Briceño, también exfuncionario de esa entidad, manifestó ante la fiscalía que recibió instrucciones de Jaén, vía correo electrónico, en las que se le decía que “debía reunirse con el representante legal de la empresa para conocer la plataforma Criptext”.
Jaén y Rodríguez tienen país por cárcel, mientras que Briceño tiene detención preventiva en tanto se le investiga por este proceso.
Ángel Álvarez, abogado de Jaén, plantea que el soft- ware se entregó y que lo que hace falta es su instalación, proceso que correspondía a esta administración.
JUZGADO NIEGA FIANZA DE EXCARCELACIÓN A MIZRACHI
El Juzgado Decimotercero negó una fianza de excarcelación presentada por el abogado Silvio Guerra a favor de Mayer Mizrachi Matalon, quien fue capturado por la Policía en Colombia a raíz de una alerta roja de Interpol, a petición de la justicia panameña que lo investiga por la supuesta comisión del delito de peculado.
En un fallo de 12 páginas firmado por la jueza Alina Hubiedo y el secretario judicial, Carlos Castro, se niega el recurso argumentando que no se constató que los fondos invertidos en el contrato [$211 mil 850] se ejecutaron en la plataforma de mensajería que debía ser implementada en dispositivos de la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio Público.
El fallo dice, además, que “el señor Mizrachi Matalon se ha mantenido al margen de esta causa, pese a tener conocimiento de la misma, ya que cuenta con apoderado judicial, pero se ha mantenido en el exterior, siendo necesario iniciar los trámites para su extradición”.
La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención preventiva de Mizrachi Matalon, el pasado 24 de septiembre, por la supuesta comisión del delito de peculado. La investigación se inició luego de que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) denunciara, en enero de 2015, que la entidad pagó por una plataforma tecnológica que no fue instalada, “ya que habían sido aplicadas a personas distintas a la relación contractual, quienes habían recibido el beneficio de esta tecnología, sin justificación alguna, y se desconocía cuál había sido el uso de carácter público”.
El documento además afirma que notas emitidas por la Policía Nacional, y el Ministerio de la Presidencia, dejan constancia de que la plataforma Criptext no fue instalada en esas instituciones en el período comprendido del 30 de marzo de 2014 al 30 de diciembre de 2014, tal como lo estipulaba el contrato.
Sin embargo, el exadministrador de la entidad, Eduardo Jaén, manifestó ante el Ministerio Público que el proyecto estaba en ejecución al momento de su salida de la institución, por lo que consideró que una de las tareas pendientes de la administración actual era el de implementarlo.
Pero, de acuerdo con el expediente, Eduardo Briceño, quien fungió como director de Arquitectura Tecnológica de la AIG, emitió un informe de recibido conforme [de la plataforma] sin que se hubiese integrado el sistema a las entidades objeto del contrato.
En tanto, Edgar Rodríguez Salazar, exfuncionario de la AIG, durante una indagatoria ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, manifestó que pese a que entre sus funciones estaba la de desarrollar plataformas institucionales, su superior jerárquico, Eduardo Jaén, nunca le dio justificación sobre el procedimiento que se siguió para aprobar el monto de la propuesta que presentó la empresa Innovative Venture, S.A. [compañía de Mayer Mizrachi] para instalar el software. Añadió que “solo se enteró cuando había sido aprobado [el contrato] por el señor Jaén”.
LA DEFENSA
Mientras que Guerra, en representación de Mizrachi Matalon, anunció que presentará un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior Penal contra la decisión del Juzgado Decimotercero de negarle la fianza de excarcelación.
Anunció que presentará en Colombia una acción de tutela judicial a favor de su cliente para que se le otorgue la libertad. En ese país, añadió, también presentará un recurso de habeas corpus a favor de su defendido, y argumentó que en la legislación colombiana no se aplica el mismo tipo penal que en Panamá por delitos contra la administración pública.
Dijo que, el lunes 4 de enero, viajará a Colombia para asistir directamente a su cliente y establecer la estrategia legal con el grupo de abogados que lo asisten en ese país. Reiteró que Mizrachi Matalon cumplió con el contrato suscrito con la AIG para el suministro del equipo informático para varias instituciones y que las licencias fueron entregadas, pero que esa institución [AIG] decidió entregárselas solo a funcionarios de la entidad.
Mizrachi Matalon fue detenido en Cartagena de Indias, Colombia, luego que Interpol emitiera una alerta roja a petición de la justicia panameña. “Ingresó a Colombia ayer [29 de diciembre] e iba a permanecer siete días en Cartagena, disfrutando de vacaciones, para posteriormente regresar a Estados Unidos, donde está actualmente residiendo”, señaló el pasado miércoles el coronel Luis Poveda, subdirector de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia.
OTRAS SOLICITUDES
A raíz de los escándalos de corrupción perpetrados por funcionarios del gobierno pasado, el Ministerio Público ha solicitado a Interpol que emita alertas rojas para diversos personajes. Por ejemplo, pidió la captura de Abdiel Atencio, implicado en el caso por el fallido proyecto de riego de Tonosí; para Adolfo Chichi De Obarrio, buscado por la supuesta comisión de peculado por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y por la compra de granos a través de esa misma entidad.
También se ha solicitado buscar a Ronny Rodríguez y William Pittí implicados en el caso de espionaje telefónico, al igual que a Roberto Pérez, implicado en el expediente por la compra de granos a través del PAN; y a Ricardo Ricky Calvo, investigado por presunto blanqueo de capitales en las pesquisas a las cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
