El Juzgado Sexto Penal negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del exvicealcalde Iván Arturo Arrocha, investigado por la presunta comisión del delito de peculado, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), por el caso del proyecto ciudad deportiva de David, Chiriquí.
El juzgado tomó la decisión luego de que la defensa de Arrocha alegara que el caso debía ser cerrado ya que existe un fallo de un tribunal de arbitraje que confirma que Pandeportes incumplió con los pagos para el desarrollo de la obra.
En una sentencia del pasado 30 de septiembre, la jueza sexta penal Luzmila Jaramillo, rechazó la petición presentada por el abogado Carlos Carrillo en representación de Arrocha.
En su recurso, Carrillo alegó que el supuesto actuar doloso en la ejecución del contrato No 001-2013 del 10 de mayo de 2013, fue debatido en un proceso arbitral, en el que se demostró que Pandeportes incumplió el citado pacto y por tanto debía indemnizar al Consorcio Ciudad Deportiva de David 2013, a quien se adjudicó el proyecto.
Sin embargo, la jueza Jaramillo determinó que si bien es cierto que existió un laudo arbitral en el que se determinó el incumplimiento de Pandeportes en la ejecución del contrato, el laudo arbitral fue apelado por lo que se no se encuentra en firme.
La jueza también precisó que al no estar Arrocha en estado de indefensión, se niega el incidente de nulidad presentado por Carrillo.
Iván Arrocha, quien era el representante de la sociedad Sofía Investment S.A. es uno de los investigados por el desembolso que realizó Pandeportes al Consorcio Ciudad Deportiva de David.
En abril de 2018, el juzgado concedió a Arrocha una fianza de excarcelación de $800 mil.
El juzgado también le negó un cambio de la medida cautelar de notificación los lunes de cada semana, e impedimento de salida del país, a Janett Ibeth Vásquez, jefa del departamento de cobros de la sociedad Condotte Panamá S. A., empresa que formaba parte del Consorcio Ciudad Deportiva de David.
Vásquez también figuraba como firmante de las cuentas bancarias de la sociedad.
Una auditoria de la Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $8.3 millones en este caso.
