El juez de garantías Justo Vargas procedió este domingo 14 de octubre a legalizar la aprehensión y dar por presentada la formulación de imputación a dos funcionarios del Ministerio Público, vinculados a la presunta sustracción de dos carretillas del edificio Avesa.
La decisión de Vargas, juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, la tomó durante una audiencia de control de garantías en la sala 6 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.
El abogado particular Rodolfo Mena asumió la defensa de uno de los indiciados, de 36 años de edad, conductor del Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ), y el defensor público Renaldo Griffith asumió la representación legal del otro indiciado, de 48 años, conductor del Centro de Custodia de Evidencias.
EL PROCESO
El juez de garantías, después de escuchar los argumentos de los intervinientes, en cada sesión de audiencia, decidió en primera instancia legalizar una diligencia de vigilancia y seguimiento practicada la madrugada de este sábado 13 de octubre, por miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde luego de ver al funcionario de 36 años montar las dos carretillas en un vehículo del MP, asignado a él por estar de turno, y tras un recorrido por Obarrio, avenida Balboa y finalizado en las inmediaciones del edificio Poli, en Calidonia, logran a las 2:00 a.m. la aprehensión de ambos funcionarios, cuando le entregaba dichas carretillas de aluminio, cuyo valor de ambas, indicó el fiscal anticorrupción Jacinto Pérez, era de $855.
En el debate de la medidas cautelares personales a imponer, el fiscal solicitó para ambos la detención provisional, aduciendo la gravedad por ser funcionarios, y además por posibles riesgos procesales, lo que concluyó con la solicitud de suspensión del cargo para ambos.
En tanto, defensores de los dos imputados rechazaron la petición del fiscal, al argumentar que "existían otras medidas menos severas que la detención provisional".
El juez de garantías discrepó de la petición de detención provisional que hizo el fiscal, al estimar que dicha medida debe ser proporcional "con la naturaleza del hecho", pues "se trata -sin desmeritarlo- de un hurto de dos carretillas con un valor ambas de $855".
"Aunado a lo anterior, el juez vio bastante leve la tipología del delito que el fiscal le hizo a uno de los hoy imputados, pues según los argumentos, hasta este momento, su participación fue cuando presuntamente iba a recibir las carretillas", reseñó el Órgano Judicial.
En ese sentido, Vargas impuso al funcionario de 36 años de edad el reporte los días miércoles de cada semana, el impedimento de salida del país y la suspensión del cargo. En cuanto al funcionario de 48 años, se le impuso el reporte los días 15 y 30 de cada mes, la prohibición de salida del país, así como también la suspensión del cargo, por tratarse de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
