Excontralores de la República cuestionaron el modelo de licitación por convenio marco que utilizó el Ministerio de Seguridad Pública en 2013 –entonces a cargo de José Raúl Mulino– para la compra de lectores de barra móviles marca Datalogic, que suplantaron al pele police, por $3.4 millones a la empresa True Marketing.
A juicio de Alvin Weeden, contralor entre 2000 y 2004, la licitación por convenio marco es para bienes recurrentes, por lo que no había justificación legal para adquirir bienes relacionados con el pele police a través de esa figura. “Todo se hizo para evadir la legislación sobre contratación pública (...) como contralor, no hubiera refrendado cosa semejante”, dijo.
Mientras tanto, Carlos Vallarino, quien fue contralor entre 2007 y 2009, precisó que el Decreto No. 366 de 2006, que reglamentó la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, es claro al señalar que ese modelo de licitación se convoca únicamente para productos de consumo y uso cotidiano en las entidades.
La Ley 22 de 2006 define la licitación por convenio marco como el “contrato público con uno o más proponentes, para la adquisición de productos y servicios de consumo masivo y cotidiano...”.
Mulino confirmó el miércoles pasado, por medio de un comunicado, que la compra a True Marketing se hizo a través de una licitación por convenio marco.
Este comunicado surgió en respuesta a la publicación de este medio sobre el fraccionamiento que hizo el Ministerio de Seguridad Pública, en 2013, para comprar los lectores de barra.
La Prensa llamó este jueves, 1 de septiembre, al exministro y le dejó mensaje en su celular, pero al cierre de esta edición no había contestado.
HUBO DIVISIÓN DE MATERIA EN LICITACIÓN: EXCONTRALORES
La presunta división de materia y violación a la ley de Contrataciones Públicas, para posiblemente favorecer a algún proveedor, fueron los cuestionamientos que hicieron ayer excontralores de la República a la negociación fraccionada, por $3.4 millones, que efectuó el Ministerio de Seguridad Pública a la empresa True Marketing, S.A., en 2013, a fin de adquirir lectores de barra móviles marca Datalogic que sustituyeron al pele police.
Según documentos a los que tuvo acceso este medio, y que fueron publicados en la edición del miércoles pasado, el 21 de mayo de 2013, el Ministerio de Seguridad Pública, en esa época a cargo de José Raúl Mulino, emitió tres órdenes directas a favor de True Marketing, S.A., cada una por $856 mil, para comprar los citados dispositivos. Al día siguiente, el 22 de mayo de 2013, se expidió otra orden de compra por igual monto [$856 mil] para los mismos equipos.
El fraccionamiento de las compras, que en total suman $3.4 millones, permitió que el gasto no pasara por el Consejo de Gabinete.
La Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, señala que todo contrato o compra directa superior a los $3 millones debe pasar por la aprobación del Gabinete.
Después de la publicación de La Prensa, el exministro Mulino publicó un comunicado en el que explicó que para la compra a True Marketing se usó el modelo de licitación por convenio marco y aseguró –en el punto seis de la nota– que “en estos asuntos no hay división de materia”.
SÍ HUBO DIVISIÓN
“Claramente hubo división de materia” en esas compras, dijo el excontralor Carlos Vallarino.
Explicó que no se justifica que las entidades dividan materia para comprar bienes en una licitación por convenio marco, en la que se debe establecer claramente los precios y cantidades del producto a utilizar por la entidad. “Hay que ver si se dividió la materia para beneficiar a algún proveedor”, indicó.
El artículo 23 de la Ley 22 de 2006 señala: “No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula, y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes. En el reglamento de esta ley se establecerán los procedimientos para comprobar la división de materia”.
El excontralor Alvin Weeden fue más allá y denunció que la división de materia se hizo en este procedimiento con el fin de beneficiar el esquema dirigido a “trampear” con los fondos públicos de la nación.
“Era un sistema que iba dirigido a evadir la legislación sobre contratación pública”, afirmó.
Vallarino y Weeden coincidieron en que la Ley 22 de 2006 y su reglamentación es clara: la licitación por convenio marco es para productos y servicios de “uso cotidiano y masivo”.
En ese sentido, concluyeron que dispositivos relacionados con el pele police no eran productos que aplicaban para adquirirlos a través de una licitación de convenio marco.
Weeden indicó que usar la licitación de convenio marco en esta compra se hizo deformando el sistema de contrataciones públicas, lo que fue una constante que imperó en el gobierno pasado.
Mientras que Vallarino destacó que usualmente la licitación por convenio marco es para adquirir herramientas, papelería y otros insumos que son de uso diario en las entidades. Se hizo para favorecer este tipo de compras, subrayó.
Otras fuentes expertas en contrataciones públicas, que pidieron no ser identificadas, detallaron que el Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006 –que reglamentó la Ley 22 de ese año, sobre contrataciones públicas– señala que todas las entidades del Estado tendrán la obligación de consultar primero el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios.
Cuando los bienes y servicios que requieran se encuentren listados en dicho Catálogo, procederán obligatoriamente a adquirirlos de los contratistas adjudicados mediante la licitación por convenio marco.
Apuntaron que habría que revisar si los dispositivos adquiridos por el Ministerio de Seguridad estaban o no en el catálogo de 2013 de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ya que se trata de aparatos que no son de uso cotidiano para esta clase de licitación.
CONSEJO DE GABINETE
Igualmente, los excontralores advirtieron que una compra como esta, superior a los $3 millones, debió pasar por la aprobación del Consejo de Gabinete.
El artículo 62 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, establece que no será aplicable el procedimiento de selección de contratista: “Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado.
En los casos en que dichas adquisiciones sean menores de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), el ministro de la Presidencia, o quien él delegue, deberá autorizar la condición de tal.
Cuando las adquisiciones sobrepasen la suma de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), serán autorizadas por el Consejo de Gabinete”.
La Ley 22 señala que en la licitación por convenio marco corresponde a la DGCP efectuar la selección y llevar la aprobación del Gabinete cuando la compra pasa de los $3 millones.
Este medio hizo una consulta vía correo electrónico al actual director de la DGCP, Eduardo Corró, para conocer si tienen registro de que este acto se llevó al Consejo de Gabinete, pero hasta la hora de cierre de esta edición no había contestado.
REFRENDO Y NEGOCIO EXPEDITO
Las cuatro órdenes de compra a True Marketing, S.A., suscritas por el Ministerio de Seguridad Pública, tuvieron un paso expedito en la Contraloría General de la República.
Las órdenes, cada una por $856 mil, fueron refrendadas por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini (q.e.p.d.) el 20 de junio de 2013 a las 11:03 a.m. y salieron de la Contraloría con destino al ministerio ese mismo día a las 12:48 p.m.; es decir, que solo tomó 1 hora y 45 minutos el trámite.
Para el excontralor Weeden, este trámite revela que era “un paso expedito para un negocio expedito”.
PIDEN INVESTIGACIÓN
Weeden opinó que es necesario que se abra un proceso penal para investigar esta licitación del Ministerio de Seguridad, aunque antes se debe efectuar una auditoría con el propósito de determinar el posible alcance de una lesión patrimonial al Estado.
