A Adolfo De Obarrio y Abraham Williams, el juez decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Loaiza, les abrió una causa penal como supuestos infractores del delito contra la administración pública, en las modalidades de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en los actos de contratación pública, por el caso mochilas en perjuicio del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Loaiza también sobreseyó definitivamente a Julissa Stanziola Spencer, Lucy Molinar Jacques, Berta Roldán, Mario Martinelli Berrocal, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Alberto Araúz Ríos, Carlos Araúz Valdez, René Guardia Camargo, Pablo Andrés Ruiz Obregón, Janeth Araúz de Caballero, Poullette Morales Montero, Daniel Ruiz Obregón, Eliécer Elías Tuñón Jaén y Giaccomo Tamburelli.
Tras conocerse el falló mediante la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General de la Nación, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga apelará el sobreseimiento otorgado a las citadas 12 personas por el Juzgado Decimoquinto.
#PGNinforma Fiscalía Anticorrupción de Descarga APELARÁ sobreseimiento de 12 personas otorgado por el Juzgado XV Penal en #CasoMochilas en perjuicio del extinto PAN. pic.twitter.com/X9WC9Ujyaf
INMEDIATA DETENCIÓN
Loaiza pidió a los agentes de la Policía Nacional, del Servicio Nacional Aeronaval, del Servicio Nacional de Fronteras y de la Dirección de Investigación Judicial la detención de De Obarrio y Williams.
Además, el juez solicitó un informe al personal del Servicio Nacional de Migración para la búsqueda de De Obarrio y Williams.
También ordenó una alerta roja para de De Obarrio por parte de los agentes de Interpol, pero no específico en qué país podría estar.
SOBRESEIMIENTO
Los sobreseimientos de Loaiza están dentro de las sumarias seguidas por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa y contra la administración pública, en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en los actos de contratación pública, en supuesto perjuicio del PAN.
También ordena el levantamiento de todas las medidas cautelares “personales y reales” que le fueron impuestas a Franklin Alberto Araúz Ríos, Poullette Morales Montero, Janeth Araúz de Caballero, Julissa Stanziola Spencer, Carlos Araúz Valdez, René Guardia Camargo, Eliécer Elías Tuñón Jaén, Lucy Molinar Jacques, Berta Roldán, Mario Martinelli Berrocal, Roberto Luzcando, Roberto Brin, Jaime Ruiz, Pablo Ruiz Obregón, Daniel Ruiz Obregón y Giaccomo Tamburelli.
En tanto, se ordenó la desaprehensión y la devolución de los bienes, como cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles en general aprehendidos en la investigación del caso mochilas.
De acuerdo con el comunicado del Órgano Judicial, Loaiza fundamentó su decisión en la declaración indagatoria y el acuerdo de colaboración de Rafael Guardia Jaén, quien señaló que Williams era su asistente y “la persona que le daba el seguimiento a los documentos para las ejecuciones de los programas”, y que De Obarrio “era la persona que le daba instrucciones al señor Guardia, y quien escogía qué empresas debían ser contratadas, es decir, que ambos participaron en el ilícito”.
La investigación de los supuestos sobrecostos en la adquisición de mochilas escolares, por un monto de 12 millones de dólares, aproximadamente se inició el 5 de septiembre de 2014, por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
El 23 de mayo de 2018 se celebró la audiencia de colaboración No. 2 de Guardia Jaén y el Ministerio Público, y este último señaló que Guardia accedió al acuerdo de colaboración No. 8, donde se declaró penalmente responsable de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en contratación pública.
FALLOS POLÉMICOS
El juez Loaiza ha dictado otros fallos polémicos. Por ejemplo, el 18 de mayo pasado dictó un sobreseimiento definitivo a 35 personas señaladas de presuntamente formar parte de una red de corrupción en perjuicio de la Autoridad de Aduanas.
Asimismo, el 13 de diciembre de 2017 devolvió bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias a Guardia Jaén, como parte de un acuerdo de colaboración eficaz con el MP, aunque después el Segundo Tribunal revocó esa decisión.
En otro caso, concedió tres sobreseimientos a imputados en el caso Buko Millonario sin que se realizara la audiencia preliminar.
Como juez municipal, dictó un sobreseimiento a trabajadores de la empresa Transcaribe Trading (TCT) acusados tras el bloqueo a los diarios La Prensa y Mi Diario en agosto de 2012. El bloqueo se produjo entre los días 2 y 3 de agosto de ese año, a raíz de una serie de publicaciones hechas por ambos periódicos.
Con información de Olmedo Rodríguez
