Dos mujeres remplazarán a Oydén Ortega y Jerónimo Mejía en las salas Primero de lo Civil y Segundo de la Penal, respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se trata de la fiscal superior anticorrupción Zuleyka Moore Gouldbourne y la abogada especialista en banca y finanzas Ana Lucrecia Tovar de Zarak.
La selección se llevó a cabo en Consejo de Gabinete extraordinario celebrado la tarde de este viernes 15 de diciembre, informó la Secretaría de Comunicación del Estado. La designación se hará formalmente el próximo lunes 18 de diciembre. Ambas serán designadas por un periodo de 10 años, a partir de enero de 2018. Moore remplazará a Mejía y Tovar de Zarak, a Ortega.
La Asamblea Nacional deberá ratificar estas designaciones en sesiones extraordinarias, convocadas a partir del próximo lunes.
¿QUIÉN ES ANA LUCRECIA TOVAR?
Es abogada egresada de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Tiene una maestría en derecho internacional, derecho bancario y de valores de la American University, de Washington College of Law. Secretaria de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, y también forma parte de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Igualmente, forma parte de la lista de árbitros que representan al Estado en casos arbitrales ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI-Banco Mundial), informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
Es esposa de Iván Zarak, viceministro de Economía hasta el próximo 29 de diciembre. Zarak presentó su renuncia el jueves 14 de diciembre.
Fue socia de la entonces llamada firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino -fundada por el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino- y gerente del departamento legal y cumplimiento de Citibank. Ha sido consultora legal y laboró en el departamento de comercio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros. Es socia de Dentons Muñoz, firma especialista en asesoría regulatoria y administrativa.
Desde la Superintendencia del Mercado de Valores ha impulsado investigaciones sobre corrupción, como el de la intervención y liquidación de la casa de valores Financial Pacific.
En una entrevista que dio a este medio en 2013, comentó que la inseguridad jurídica que provocan la corrupción, la falta de independencia del poder judicial y el desconocimiento que este órgano del Estado tiene del sector, son algunos de los lastres que impiden la consolidación de Panamá como centro financiero.
ZULEYKA MOORE, DE LA FISCALÍA A LA CORTE
Es abogada egresada de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Tiene una maestría en derecho mercantil de la Universidad de Panamá. Su carrera en el Ministerio Público la empezó bastante joven, en 1992: tenía 20 años de edad cuando fue nombrada oficial mayor en la Fiscalía Segunda del Circuito de Colón.
En Colón, también se hizo cargo de la Fiscalía Superior de Adolescencia. En enero de 2015, la procuradora Kenia Porcell la nombró en la Fiscalía Tercera Anticorrupción, y en diciembre de 2016, junto a sus colegas Tania Sterling, Ruth Morcillo y Vielka Broce, pasó a conformar la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el pago de sobornos de Odebrecht.
En la Fiscalía Tercera Anticorrupción, investigó emblemáticos casos ligados a actos de corrupción. En esa lista se cuenta el expediente del fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí, donde pidió enjuiciar a dos exministros de Desarrollo Agropecuario -Óscar Osorio y Emilio Kieswetter- y un exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, entre otros.
También estuvo a cargo de la pesquisa relacionada con las supuestas irregularidades en la compra de radares, en el que pidió enjuiciar al exministro Mulino.
En el Ministerio Público la definen como una mujer “valiente” a la que no le tiembla la mano para encarar a personajes vinculados al poder y a los negocios. Fue la encargada de sustentar los acuerdos entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y exejecutivos de Odebrecht ante el Juzgado Duodécimo Penal, diligencia que dejó al descubierto la manera como la constructora brasileña distribuyó sobornos en Panamá por -al menos- $86 millones.
REACCIÓN
Luego de conocerse la designación de las nuevas magistradas, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló que "independientemente de sus cualidades profesionales descritas en el comunicado oficial, ambas abogadas deben ser sometidas a un riguroso escrutinio por parte del poder legislativo en cuanto a su trayectoria, su probidad y sobre todo los conflictos de interés que puedan comprometer su independencia como operadoras de justicia. Que el Ejecutivo se haya decantado por dos personas que han mantenido o mantienen vinculación estrecha con el propio ejecutivo y el Ministerio Público exige una ponderación exhaustiva. Queremos una nueva justicia en el país y para ello necesitamos entonces una Corte Suprema con magistrados capaces e independientes que se comprometan a implementar la Carrera Judicial y mecanismos de integridad, ética y rendición de cuentas".
