En manos del Ministerio Público (MP) y de la Corte Suprema de Justicia quedaría la suspensión del cargo como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) del empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares, luego de que la junta directiva de esa entidad declaró que no tiene facultad para la remoción de ninguno de sus miembros.
Al responder una petición realizada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de remover a Corcione Pérez-Balladares, el ministro de Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy, dejó claro ayer que esa instancia no tiene esa potestad y así consta en la Ley 19 de 1997, que rige la entidad, y en la Constitución.
Sin embargo, Roy explicó que el artículo 2153 del Código Judicial establece otros mecanismos de suspensión del ejercicio de un cargo público, que corresponden exclusivamente al MP y al Órgano Judicial.
El artículo 2153 del Código Judicial establece que “cuando contra algún empleado público exista mérito para ordenar su detención, el funcionario de instrucción o el Tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detención, también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y la comunicará a la autoridad nominadora, salvo que la ley disponga otra cosa”.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que, en efecto, el MP y la Corte podrían tomar una medida preventiva o cautelar y suspender o remover del cargo al empresario.
La defensa de Corcione Pérez-Balladares interpuso un incidente de controversia ante el Juzgado Decimosexto Penal y otro recurso ante el MP, alegando que no es competencia de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada indagarlo como parte de un expediente sobre blanqueo de capitales relacionado con cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
El empresario se ampara en que es directivo de la ACP y por tanto debe ser investigado bajo el sistema penal acusatorio; es decir, por la Sala Penal de la Corte.
Activistas de la sociedad civil siguen criticando la posición de Corcione Pérez-Balladares de no asistir a la indagatoria.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que la no comparecencia del imputado deja en entredicho su credibilidad. Rodríguez, en cambio, dijo que, por ética, Corcione Pérez-Balladares debe renunciar.
