“Si se retornó [el dinero] voluntariamente, esto se tomará en cuenta, pero sí hubo una acción delictiva”, afirmó ayer el secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez C., al referirse al caso que investiga la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestas irregularidades en el préstamo otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC Contratas-P&V, encargado de construir el centro de convenciones de Amador.
En conferencia de prensa, Rodríguez aclaró que el artículo 344 del Código Penal establece que el reintegro del dinero “representa un atenuante, pero no un eximente de la conducta delictiva”.
De acuerdo con el funcionario judicial, el Ministerio Público también podría iniciar una investigación para determinar si en este caso se cometió el delito de blanqueo de capitales.
El desglose de los $9 millones que la Caja de Ahorros le prestó a la compañía HPC Contratas-P&V, ligada al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, se hizo así: $7 millones fueron a dar a Summer Ventura, Inc., dinero que posteriormente se trasladó a la casa de valores Financial Pacific; $850 mil se transfirieron a nombre de la sociedad Ilkeston Associates; y 1 millón 150 mil dólares a Langton Internacional Holding, Ltd.
Como parte de este caso, la fiscalía detuvo preventivamente al exdirectivo de la CA Riccardo Francolini, e indagó a los también exdirectivos Fernando Correa y Ricardo Arango Pezet, y al exgerente del banco estatal Jayson Pastor.
Rolando Rodríguez C.
Secretario General del MP
CASO DE LA CAJA DE AHORROS TIENE 10 IMPUTADOS
El Ministerio Público (MP) investiga a 10 personas y a 9 de ellas les ha girado órdenes de conducción como parte de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en una línea de crédito de $10 millones otorgada por la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) en la administración de Ricardo Martinelli a la empresa HPC-Contratas-P&V para construir el centro de convenciones en Amador.
La información se desprende de un informe que la Fiscalía Primera Anticorrupción remitió al despacho superior del MP y que ayer, el secretario general, Rolando Rodríguez, dio a conocer a los medios de comunicación.
DETENIDOS
El informe precisa que se mantiene con detención preventiva a Riccardo Francolini Arosemena, expresidente de la junta directiva de la CA; Rodrigo Arosemena Pino, subgerente, y Eleonor Samudio, ex secretaria general de la entidad estatal.
Además, se mantienen detenidos desde el 12 de octubre pasado a Gerson Lemer Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, representantes del consorcio HP-Contratas-P&V.
Mientras que el lunes 17 de octubre pasado, la fiscalía giró orden de conducción con fines de indagatoria a otros cuatro exdirectivos de la CA: Ricardo Arango Pezet, Fernando Correa Jolly, Anastacio Ruiz De León y Ricardo Chanis. Este último se encuentra fuera del país. Todos han sido indagados, salvo Ruiz De León y Chanis.
Rodríguez explicó que todas las órdenes de conducción han sido emitidas por el MP, pero este no interviene ni las ejecuta, ya que esto se hace a través de brazos auxiliares, como la Policía Nacional.
MINISTERIO PÚBLICO RECHAZA ALEGATO
Con respecto a los alegatos de la defensa legal de los procesados, de que el préstamo otorgado en 2012 ya fue cancelado a la CA y por tal motivo no hay delito, el secretario del MP citó el numeral 3 del artículo 344 del Código Penal que señala que habrá peculado: “Cuando... el responsable de los delitos reintegra los dineros y sus intereses, bienes o valores objeto de los delitos, la sanción se reducirá a la mitad. Si lo hace después de dictado el auto y antes de la sentencia de primera instancia, la reducción será de una tercera parte”.
“Precisamente, lo que hay que ver es la afectación patrimonial, no solamente de la institución, sino del erario público en general”, dijo Rodríguez.
También dio a conocer que “dentro de la investigación se ha podido establecer que los miembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros para esa época, con una urgencia sospechosa, aprobaron una línea de crédito el 31 de diciembre de 2012 y nadie recuerda el acta o la formalidad que exigen los procedimientos de la Caja de Ahorros para ello”.
Agregó que podrían iniciarse otras investigaciones sobre posible blanqueo de capitales, ya que, de los $9 millones desembolsados por la CA, $7 millones fueron a parar a la casa de valores Financial Pacific –actualmente en proceso de liquidación- pese a que originalmente se dijo que esa cantidad se utilizaría para pagar los servicios del arquitecto a cargo del diseño del centro de convenciones en Amador.
Rodríguez reiteró que el MP es respetuoso de las libertades de prensa y de información, tras las críticas por la conducción de Fernando Correa Jolly, productor y presentador de NexTV, en momentos en que se encontraba en sus oficinas.
“Esta investigación radica fundamentalmente sobre un movimiento prestatario de la Caja de Ahorros, donde no tiene nada que ver el medio o la profesión de periodista, y no debe ser interpretada como un ataque contra esta”, aseguró.
EXGERENTE, INDAGADO
Este martes, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, por segundo día consecutivo, indagó por este proceso al exgerente de la CA, Jayson Pastor. La diligencia se inició a las 9:00 a. m., fue suspendida a las 2:00 p. m. y será reanudada hoy, miércoles.
A su salida, Pastor fue abordado por los medios, pero no dio declaraciones. Su abogado, Rosendo Miranda, dijo que hoy continuará la indagatoria y que hasta ahora no se le ha impuesto ninguna medida cautelar.
Para hoy también se espera la comparecencia del exdirectivo de la CA Ricardo Arango Pezet para que continúe con sus descargos. Igualmente, debe comparecer Anastacio Ruiz De León.
¿Quién es un servidor público?
Existe una polémica acerca de si a aquellas personas que desempeñan un cargo como miembro de una junta directiva de una entidad estatal se les puede considerar como servidores públicos. A este respecto, la Constitución Política establece en su artículo 299 la principal definición de servidor público aplicable en Panamá. El concepto fundamental se refiere al de una persona natural que reciba remuneración, aunque sea temporalmente, proveniente del Estado, los municipios o cualquier ente o agencia autónoma, semiautónoma, incluyendo las empresas estatales.
Para efectos penales, la condición de servidor público incluye a particulares vinculados a bienes o fondos públicos o de interés del Estado. Así lo define el artículo 343 del Código Penal: “Artículo 343. Las disposiciones de este Capítulo son extensivas:
1. A quien se halle encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de una entidad pública.
2. Al particular legalmente designado como depositario de caudales o efectos públicos.
3. Al administrador o depositario de dineros o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
4. A las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hallen encargados de administrar dinero, bienes o valores que formen parte de una donación realizada para el Estado proveniente del extranjero o hecha por el Estado para obras de carácter público y de interés social”.
Además, tanto nuestro Código Judicial como el Código Procesal Penal establecen reglas de competencia subjetivas aplicables a los miembros de las juntas directivas de entidades estatales. De esta forma queda claro que todas aquellas personas designadas como miembros principales o suplentes de una junta directiva de una entidad estatal son considerados como servidores públicos.
El autor es abogado
