El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha ha presentado a sus colegas magistrados una solicitud de impedimento para conocer del recurso de casación que se encuentra en etapa de decisión de fondo en la Sala Primera de lo Civil, en la pugna legal que sostienen la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa) y el empresario Luis Muñoz.
Arrocha ha solicitado mantenerse alejado del caso debido a que Muñoz denunció ante el Ministerio Público que había recibido información sobre una supuesta compra-venta de fallo en este caso, operación en la que es mencionado este magistrado, así como su colega, Hernán De León, con el objetivo de beneficiar a Cacsa.
El empresario Muñoz mantiene un pleito civil con Cacsa desde hace un par de años. Exige el pago de daños y perjuicios por un negocio entre la Cooperativa y él que no se concretó.
Tanto Muñoz como su abogado, Karl Copriz, mencionaron a los magistrados Arrocha y De León -este último ponente en el caso de casación- de estar vinculados a los abogados externos de Cacsa, quienes, según la acusación, gestionarían la compra de un fallo a favor de Cacsa.
La solicitud de Arrocha, de apartarse del caso, deberá ser decidida por parte de sus colegas de la Sala Primera de la Corte, precisamente, por el magistrado De León, así como por Ángela Russo, la tercera magistrada de esta Sala.
Si es separado, corresponderá a otro magistrado relevarlo para “conocer y considerar el borrador de fallo final en el que se decide el fondo de la controversia”, explica un comunicado emitido del despacho del magistrado Arrocha.
“El trámite de impedimentos y recusaciones de jueces o magistrados en tribunales colegiados, como la Sala Civil, conformado por tres, consiste en que el sustanciador de la causa emite un criterio de decisión sobre si procede o no la solicitud del propio juez o la parte. Si el tercer magistrado no está de acuerdo, entonces se designa a un magistrado de la Sala Penal para que dirima la controversia”, resaltó el comunicado.
Arrocha informó antes a La Prensa que envió dos notas (fechadas 8 y 23 de septiembre pasado), a la procuradora Kenia Porcell, en la que informaba sobre las acusaciones en su contra, promovidas por Muñoz y Copriz. “Confirmamos nuestro interés que se realicen estas y cualquier otra investigación que guarde relación con posibles actos de corrupción, ya sea para confirmar los hechos y ubicar a los partícipes, o para determinar que se trata de un ataque furtivo contra la administración de justicia como parte de una agenda táctica de la defensa” (ver notas).
Lea aquí la respuesta del magistrado Arrocha.
Manifestó que el proyecto de admisión o no de la casación fue circulado por el magistrado Hernán De León “antes de mi toma de posesión”, y que cuando asumió el cargo, ya se “resolvía: 1., admitir el recurso de casación en la forma; 2., no admitir el primer concepto de la causal de fondo invocada; 3., admitir la segunda modalidad de fondo y corregir la tercera”. Este auto de admisión se formalizó el 16 de julio de 2019.
En la nota enviada por Arrocha a la procuradora se menciona que para mayo pasado, “el abogado Karl Copriz no se había comunicado a nuestro despacho todavía para pedir cita y exponer su preocupación […] Por lo tanto, no hace sentido el contexto expuesto, supuestamente, por el letrado, en el sentido de que hubo una contratación de un abogado porque tenía influencias en mi despacho, pues esta gestión de admisión venía desde antes de mi llegada”.
Recusación
A su vez, Muñoz y Copriz, presentaron hoy una recusación en contra del magistrado Arrocha, a fin de que sea apartado del proceso en mención, porque, a su juicio consideran que existen “situaciones que riñen directamente con las posibilidades de obtener una decisión imparcial y sustentada en derecho”.
“Solicitamos al resto de los magistrados de la Sala Civil de la Corte procedan a separar al magistrado Arrocha de conocer del recurso de casación”, indicaron los demandantes.
Copriz acusó a Arrocha de “mantener silencio frente a las causales de impedimento” en la casación, porque conocía de una denuncia anónima sobre “el entonces director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), [quien] había recomendado a un abogado para que defendiera los intereses de la cooperativa [Cacsa] porque supuestamente dicho abogado tenía contacto e influencias..”.
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