Magistrado pide resolver demandas a ley blindaje

El magistrado Oyden Ortega, fiscal del proceso penal seguido al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada, solicito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra la denominada “ley blindaje” que da un plazo de dos meses para investigar a los diputados.

Martinelli es investigado por la CSJ por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Se le acusa de presuntas irregularidades en la compra de comida deshidratada con fondos del Programa de Ayuda Nacional.

Ortega envió una nota el pasado lunes de 16 de noviembre al presidente de la CSJ José Ayú Prado con copia al resto de magistrados del pleno, dejando clara su preocupación por la demora en resolver las demandas.

En la misiva pide que se resuelva la advertencia de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal (que da los dos meses de plazo). Esa advertencia de Ortega es una de las tres demandas interpuestas contra la ley blindaje y que tienen como ponente al magistrado Hernán de León.

Desde el pasado 17 de septiembre, fueron acumuladas esas tres demandas en un sólo expediente y aún no se ha dictado un fallo.

De acuerdo con Ortega, la CSJ debe atender el recurso debido a que el artículo demandado se encuentra vigente, pues aún no es ley de la Repúbica el proyecto de ley 214 de 2015 (que establece un nuevo blindaje para investigar a los diputados).

“Al no decidirse (la advertencia), se mantiene suspendido indefinidamente el proceso (de la comida deshidratada)”, indicó Ortega en la nota.

El magistrado indicó que “mi preocupación es también compartida por una gran cantidad de panameños”.

Agregó que “el pleno de la Corte Suprema de Justicia está obligado a emitir un pronunciamiento que no deje dudas sobre el interés de esta Corporación para que las causas que se tramitan sean guiadas por la máxima de una justicia expedita y justa”.

FUEROS Y PRIVILEGIOS

El proceso penal a Martinelli por la comida deshidratada fue admitida el 28 de enero pasado.

No obstante, la investigación inició formalmente el 4 de mayo. Y desde el 2 de julio fue suspendida luego que Ortega presentara la advertencia de inconstitucionalidad.

Ortega considera que el plazo de 2 meses para investigar a los diputados crea fueros y privilegios, lo que es contrario al artículo 19 de la Constitución.

“Creo firmemente que el plazo de dos meses para investigar este tipo de causas es insuficiente y constituye un trato desigual que no se compagina con el que se tiene para investigar a otros funcionarios cuyo juzgamiento corresponde al plenode nuestra corporación de Justicia”, señaló.

Fuentes judiciales indicaron que posiblemente las tres demandas de inconstitucionalidad cuya ponencia es del magistrado De Leon, serán discutidas el próximo jueves en sesion ordinaria del pleno de la CSJ.

Además de la demanda de Ortega, las otros dos recursos fueron presentados por Carlos Rubio en 2013.