El expresidente Ricardo Martinelli presentó un amparo de garantías constitucionales en contra de la decisión del Tribunal de Juicio de permitir la lectura e introducción de parte de los siete cuadernillos que contienen información confidencial de las víctimas del denominado caso pinchazos.
La acción también es contra "otras diligencias judiciales" conducidas por el perito Luis Rivera Calle, jefe de Informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y una de las principales pruebas testimoniales de la fiscalía.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, sostiene que la introducción de los cuadernillos y otras diligencias por parte de Rivera Calle son contrarios a lo dispuesto en el auto de apertura a juicio, "ya que dichos cuadernillos no guardan relación con el perito, dentro del juicio seguido a Martinelli". Por tanto, Carrillo solicita que dicha decisión del tribunal sea revocada.
Según el amparo presentado por Carrillo, en el auto de apertura a juicio se señala que los cuadernillos serán introducidos como prueba, "mediante lectura por Gustavo Adolfo Scott Valdés".
"La infracción constitucional ocurrió al introducir dicha prueba de manera distinta a como se ordenó en el auto de apertura a juicio", señala Carrillo en el documento.
El tribunal de juicio está presidido por el juez Roberto Tejeira. Lo completan Arlene Caballero (juez relatora) y Raúl Vergara (tercer juez).
Con esta actuación, la defensa sigue los pasos de los fiscales contra la Delincuencia Organizada Ricaurte González y Aurelio Vásquez, que la semana pasada presentaron un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del juez Tejeira de impedir la apertura y comparación del contenido de un disco compacto con información confidencial sobre las víctimas. Los fiscales piden, además, la suspensión temporal del juicio oral, actualmente en desarrollo.
Este material ya había sido admitido como prueba por el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, durante la fase intermedia del proceso, cuando la causa estaba bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
El amparo está en el despacho del magistrado Carlos Trujillo, del Primer Tribunal Superior de Justicia.
