El expresidente Ricardo Martinelli, detenido este lunes 12 de junio en Miami, permanecerá detenido sin derecho a fianza, por decisión del juez Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, tras una audiencia para examinar la solicitud del Estado panameño.
Martinelli se presentó ante el juez Torres esposado de manos y pies, y con una cadena alrededor de la cintura. Lucía el uniforme de los presos federales: camisa de manga corta y pantalón caki, y en todo momento estuvo escoltado por agentes del US Marshal Services. Su cadena iba enlazada a la de los otros detenidos que tenían audiencia. La de él fue la primera que atendió el juez, ante una sala pequeña abarrotada de público. Los periodistas siguieron la audiencia de pie.
Lo primero que planteó el abogado del exgobernante, Marcos Jiménez, fueron las condiciones carcelarias de su cliente: dijo que estaba aislado en una celda, completamente solo, sin televisión. Mencionó los problemas cardíacos de su defendido y que este reciente se sometió a un procedimiento en un hospital de Miami.
Posteriormente, Jiménez planteó que el caso contra su cliente es meramente político y que le llamaba la atención que Martinelli fue detenido apenas días después de anunciar sus intenciones de correr como vicepresidente de la República, en las elecciones de mayo de 2019, y a menos de una semana del presidente panameño Juan Carlos Varela con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.
También recordó que el gobierno estadounidense sabía que Martinelli estaba instalado en Miami, que había una solicitud de asilo político y que no se estaba escondiendo.
El juez Torres comunicó a las partes que el próximo martes 20 de junio, celebrará una audiencia para escuchar los alegatos de la defensa de Martinelli, en relación a la extradición. Por lo menos hasta esa fecha, el exmandatario continuará detenido en el centro de detenciones cercano al Edificio Federal de Justicia James Lawrence King, en el downtown de Miami. No podrá recibir visitas, salvo las de sus abogados.
El fiscal Benjamin Greenberg y su asistente Adam Fels presentaron la solicitud de extradición de Panamá al juez Torres.
El pedido de extradición se sustenta en un tratado bilateral suscrito por Estados Unidos y Panamá en el año 1904, así como en la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas de 2003 y la Convención del Cibercrimen de 2004.
Martinelli es requerido dentro del proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante su gobierno. Según la investigación, desde el 2012 hasta por lo menos mayo de 2014 -dos meses antes de acabar su mandato-, se interceptaron las comunicaciones de unas 150 personas, incluyendo políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada, empresarios y rivales de Martinelli.
El expresidente -que es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen)- es procesado por la posible comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado). El 11 de diciembre de 2015, el magistrado Jerónimo Mejía -que funge como juez de garantías- declaró a Martinelli "en rebeldía" por no presentarse en la audiencia de acusación. Luego, el 21 de diciembre de ese año, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva.
El 28 de septiembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos detener y extraditar a Martinelli. El 22 de mayo de 2017, Interpol emitió formalmente una "notificación roja" para la localización y detención del exmandatario.
Por este caso, también son enjuiciados Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, ambos directores del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli. La audiencia preliminar es el próximo 7 de agosto.
Martinelli abandonó Panamá el 28 de enero de 2015 y desde entonces no ha regresado. En abril, La Prensa lo contactó en un condominio frente al mar en Brickell. Fue detenido a las 6:30 p.m. del lunes 12 de junio cuando se dirigía a otra propiedad en Coral Gables, donde ahora residiría.
El expresidente tiene otros procesos pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Es investigado por la compra irregular de granos y alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por otorgar indultos en casos que no tenían relación con delitos políticos, por el supuesto uso de información privilegiada para adquirir acciones de Minera Petaquilla, por recibir comisiones de Cobranzas del Istmo, S.A. -empresa que tenía el monopolio para cobrar la cartera morosa del Estado- y por presuntamente recibir sobornos de la empresa Advance Consulting, antiguo canal de distribución de los software de la multinacional SAP.
