La Corte Suprema de Justicia (CSJ) definirá hoy si acoge o no una solicitud presentada por la fiscalía y los querellantes para ordenar el arresto del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, por los pinchazos telefónicos, y peculado.
La convocatoria del pleno fijada para las 3:00 p.m. tiene por objeto tramitar los recursos presentados por el magistrado Harry Díaz (fiscal de la causa), y los querellantes Rosendo Rivera, Carlos Herrera Morán y Ángel Álvarez quienes solicitaron al juez de garantías Jerónimo Mejía, que emita una orden de arresto contra el hoy diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
LA MECÁNICA
Fuentes judiciales revelaron que para la diligencia de hoy, el pleno escogerá a uno de sus miembros para que dirija el debate. Podría tratarse del vicepresidente de la Corte Luis Ramón Fábrega, ya que el presidente de esta corporación, José Ayú Prado, está impedido en este proceso.
Una vez abierta la audiencia las partes podrán argumentar la solicitud de detención presentada ante el juez de garantías. Para adoptar alguna decisión se deberá contar con el voto de la mayoría absoluta del pleno.
El artículo 39 del Código Procesal Penal establece que entre las competencias del pleno de la Corte está la de conocer “de los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o del Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento ejerzan algunos de estos cargos”.
Al ser diputado del Parlacen, Martinelli estaría bajo lo prescrito en el citado artículo.
Si se acoge la petición de ordenar la detención de Martinelli, este proceso deberá gestionarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la orden de detención sería con fines de extradición para que comparezca al proceso, confirmó una fuente judicial.
Agregó que Panamá podría invocar el Tratado de Asistencia Legal Mutua, suscrito entre Panamá y Estados Unidos el 11 de abril de 1991 que permite “el traslado de personas bajo custodia con el fin de que rindan testimonio”.
Al mismo tiempo, se podría solicitar una alerta roja a través de Interpol para que se proceda con la captura del exgobernante.
LA DEFENSA
Por su parte, Rogelio Cruz, del equipo de abogados del expresidente, dijo que comparecerán a la audiencia con el ánimo de que se resuelvan una serie de recursos presentados para lograr que a su cliente se le respete el debido proceso.
Planteó una vez más que al no haberse realizado una audiencia de imputación de cargos, no se puede hablar de “que se le han formulado cargos ni que existe una orden de arresto en su contra”.
Pero, el magistrado fiscal Harry Díaz explicó que el artículo 492 de la Ley 55 de 2012 (‘ley blindaje’) dicta las pautas para imputar a Martinelli. Mientras que Ángel Álvarez, quien representa a Zulay Rodríguez, Miguel Antonio Bernal y Yadira Pino, en el proceso, dijo que reiterará la solicitud para que se detenga a Martinelli.
El expresidente reaccionó ayer a través de una extensa carta en la que acusa a los magistrados de “mandaderos” del presidente Juan Carlos Varela y alega que no ha sido imputado ni notificado.
Martinelli salió del país el 28 de enero de 2015 para tomar posesión ante el Parlamento Centroamericano. La Secretaría General de la CSJ informó que lo notificó de estas pesquisas a través de un telegrama y correos electrónicos.
En el pasado quinquenio se interceptaron las comunicaciones de al menos 150 personas entre políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil, y periodistas, entre otros.
