El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) reclama un pago de $10 millones −$5 millones a cada uno− a los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz, a quienes querelló penalmente este jueves 21 de noviembre, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Mejía y Díaz fungieron como juez de garantías y fiscal en el proceso seguido a Martinelli por presunto espionaje político y peculado, cuando el caso era competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Posteriormente, el 9 de agosto pasado, un tribunal −formado por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara− lo declararon no culpable. La sentencia fue recurrida ante la CSJ.
En la querella, Martinelli solicita que especialistas de psicología y psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) le practiquen un peritaje, "a efectos de dejar constancia de los sufrimientos ocasionados por esta situación y queden documentos dentro de la carpeta, las afectaciones sufridas a nivel personal, familiar, patrimonial y económica".
El expresidente sostiene que la actuación de Mejía y Díaz como juez de garantías y fiscal, respectivamente, impidió que se conociera "realmente" quiénes eran los autores o responsables de los "supuestos" espionajes, y que se debió llamar a responder judicialmente a Rolando López, director del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Por los "supuestos" espionajes mencionados por Martinelli, hay dos personas condenadas desde enero de 2019: Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos directores del Consejo de Seguridad Nacional en su gestión. Pérez y Garuz fueron condenados a 60 meses de prisión. La sentencia fue apelada.
Martinelli se refiere en su querella a un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que opinó que “la privación de libertad de Ricardo Martinelli es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría III”. La decisión no es vinculante, aunque señala supuestos defectos de la detención del expresidente a la espera de su juicio, que concluyó el pasado 9 de agosto. El Grupo de Trabajo no visitó Panamá, no consultó expertos independientes y se limitó a evaluar lo remitido por el interesado.
La querella fue presentada en la Asamblea Nacional, dado el cargo que ostentan Mejía y Díaz.
El presidente Laurentino Cortizo anunció que el próximo 25 de noviembre anunciará quiénes reemplazarán a Mejía y Díaz en la Sala Penal de la CSJ.
Martinelli también se refirió al equipo de espionaje Pegasus, adquirido durante su mandado con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). El equipo está desaparecido. Por la compra y pérdida de Pegasus, Martinelli fue investigado por Díaz por presunto peculado. Según el exmandatario, "Pegasus no funciona desde mayo de 2014. Para que busquen bien. Esto todo es un desvío de los Vareleaks".
Sobre la filtración de los mensajes privados de Varela, dijo estar asombrado de conocer que su sucesor "haya pasado tanto tiempo manejando un país por WathsApp y teniendo a todo mundo aculillado". El expresidente pide la destitución de ambos.
Con información de Román Dibulet...
