El expresidente Ricardo Martinelli detenido desde hace dos meses en Miami, solicita nuevamente al juez federal Edwin Torres que niegue la extradición a Panamá, por considerar que la solicitud enviada a Estados Unidos es “defectuosa” y está basada en “evidencia tergiversada”.
En una moción presentada el pasado viernes 11 de agosto, los abogados Marcos Daniel Jiménez, John Byrne, Jordi Martínez-Cid y Jeremy Kahn –equipo legal de Martinelli en Estados Unidos- le piden a Torres que ejerza un “rol crítico” dentro del proceso, contrario a lo que –según ellos- ha defendido Panamá, de que el papel del juez es “limitado”. Lo que han dicho los fiscales de Miami en las audiencias celebradas hasta ahora sobre este caso, es que a la Corte del Distrito Sur de la Florida únicamente le corresponde verificar si la solicitud de extradición cumple con los requisitos establecidos en el tratado bilateral que firmaron Panamá y Estados Unidos en 1904 y en otros convenios multilaterales en los que ambos países son signatarios.
La defensa del expresidente sostiene que no hay una orden de captura válida, que se pretende entregar a Martinelli por delitos que no son extraditables, que el expresidente goza “de múltiples formas de inmunidad” y que no hay “causa probable”. Todo esto está consignado en el escrito presentado ayer y otras mociones entregadas por los abogados a la Corte.
Sobre la ausencia de "causa probable", sostienen que no se ha podido acreditar el delito de peculado, ya que –según ellos- no hay evidencia que sustente que el equipo de espionaje adquirido a la empresa israelí NSO fue adquirido con fondos públicos y que la Contraloría General de la República nunca hizo una auditoría sobre la posible lesión patrimonial al Estado. Incluso, mencionan una nota de Rolando López, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, al fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, en la que señala que la entidad no hizo negocios con la entidad para adquirir el programa informático Pegasus.
También alegan que no hay pruebas de que Martinelli estuviera al tanto que desde el Consejo de Seguridad Nacional se interceptaban las comunicaciones sin autorización judicial.
Martinelli es requerido por la supuesta comisión de cuatro delitos: contra la inviolabilidad de las comunicaciones sin autorización judicial y contra el derecho a la intimidad, peculado de uso y peculado de apropiación.
Igualmente, la defensa descalifica la declaración de Tom Heinemann, consejero del Departamento de Estado estadounidense, que envió una nota al juez Torres en la que afirma que los delitos atribuidos a Martinelli sí son considerados extraditables en los acuerdos suscritos por Panamá y Estados Unidos.
“El alcance de las ofensas extraditables bajo el tratado ha sido expandido en un número de ocasiones a través de convenciones multilaterales de cumplimiento de la ley, en las que Estados Unidos y Panamá son parte”, señala Heinemann, consejero de la oficina que atiende las solicitudes de extradición en el Departamento de Estado.
Martinelli está en el Centro de Detenciones Federales de Miami desde el pasado 12 de junio, cuando fue capturado cerca de su mansión de $8.2 millones en Coral Gables. En dos oportunidades, el juez le ha negado la libertad bajo fianza, por considerar que hay un alto riesgo de fuga.
La próxima audiencia está programada para el 23 de agosto.
Más información en la edición impresa del diario La Prensa del domingo 13 de agosto de 2017...
