Nicomedes Castillo, uno de los abogados querellantes en el proceso seguido a Ricardo Martinelli, reiteró que el expresidente ofreció dinero a cambio de un acuerdo extrajudicial y que les advirtió que -de no haber trato- "apuntaría" a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
"De frente nos lo dijo, al licenciado Rosendo Rivera y a mi persona: 'en este país, todo tiene un precio y yo tengo un fideicomiso de tantos millones. O cogen los $75 mil que les estoy ofreciendo o ese fideicomiso lo apunto a la Corte Suprema'. Palabras textuales del señor Ricardo Martinelli", dijo Castillo este viernes, en el noticiero Telemetro Reporta.
"Hoy vemos a un magistrado, Oydén Ortega, que luego de dos posturas verticales, que luego de haber votado y actuado consecuentemente en el pleno de la Corte, en las dos revisiones de las medidas cautelares, en la fianza de excarcelación, en la apelación, decide en un tercer amparo que ahora no son competentes", dijo Castillo.
"Esto deja muy mal parada a la justicia y a todo el país. Pareciera que el señor Ricardo Martinelli tiene razón: en este país, todo tiene un precio", agregó.
Nicomedes Castillo, abogado querellante del caso Martinelli, aseguró que hubo un ofrecimiento monetario para desistir del proceso. #TReporta pic.twitter.com/JolVpqOMut
En este momento, el pleno de la Corte, en sesión permanente, discute un proyecto de fallo preparado por Ortega, que admite un amparo de garantías presentado por Martinelli y declina la competencia del caso. El debate está en que un grupo de magistrados está a favor de reconocer lo actuado por el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, y otro no.
Mejía decidió la apertura de juicio oral a Martinelli. Por esta causa, el pleno de la Corte -constituido en tribunal colegiado- está convocado a partir del 11 de diciembre.
El magistrado fiscal Harry Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la supuesta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado.
Al menos 150 personas fueron espiadas ilegalmente desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años del mandato de Martinelli.
