La defensa de Mayer Mizrachi Matalon presentó este lunes un recurso ante el Segundo Tribunal Superior Penal, apelando la resolución del Juzgado Decimotercero en la que niega una fianza de excarcelación a su defendido, luego de que este fuera detenido en Colombia a raíz de una alerta de Interpol.
El Ministerio Público (MP) investiga a Mizrachi por la supuesta comisión del delito de peculado, luego de que, según la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y el MP, no instalara la plataforma Criptext en dispositivos de funcionarios de los estamentos de seguridad, tal como lo estipulaba el contrato. La AIG pagó $211 mil 850 por la herramienta tecnológica.
El abogado Silvio Guerra, en representación de Mizrachi, en el documento advierte que se está “ante un caso, en donde es claro que nuestro cliente no ha perpetrado delito alguno. En el peor de los casos, lo que mediaría sería un supuesto incumplimiento irregular de un contrato administrativo, en donde, inclusive, había o hay una fianza de cumplimiento [...] ¿por qué no se ha ejecutado dicha fianza? [...]”.
Hizo referencia a correos enviados por Mizrachi a Irvin Halman, actual administrador de la AIG, según los cuales se pone a disposición “para lo que fuere” respecto al contrato. Mensaje enviado el 8 de octubre de 2014. También recuerda otra comunicación en la que su cliente dice que está dispuesto a extender el servicio de manera gratuita, e-mail enviado el 28 de octubre de 2014, entre otros. “Nunca recibió respuesta alguna de parte de la AIG”, asegura Guerra.
LA VERSIÓN DE HALMAN
Este medio entrevistó este lunes a Halman para que hablara del asunto. El caso, narró, parte de una auditoría que desarrolló la entidad, informe que reveló que el proveedor [Innovative Venture, empresa de Mizrachi] no cumplió con lo que establecía el contrato: [la ] creación e integración de red única y privada para los estamentos de seguridad. Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia, Ministerio Público. El compromiso era instalarle el sistema a 100 usuarios de esas entidades.
Agregó, además, que el 23 de abril de 2014, Eduardo Briceño, exfuncionario de la AIG, redactó un informe de recibo conforme. “Donde constaba la instalación de las 100 licencias, [y que] la plataforma fue instalada y que estaba en completo funcionamiento”, añadió. Eduardo Jaén, exadministrador de la AIG, en base al recibido conforme, realizó un acta de aceptación final.
Halman alega que nunca se le informó de la existencia de esa plataforma. Cuenta que tomó posesión del puesto el 17 de julio de 2014, y en una breve reunión que tuvo con su antecesor -Eduardo Jaén-, este nunca le habló de Criptext.
Se enteró de Criptext a raíz de un correo que recibió de su secretaria el 27 de agosto de 2014, en el que le dice que Mizrachi quiere hablarle sobre el software. El administrador de la AIG recibió a Mizrachi el 2 de septiembre de 2014 y es así como se entera que la anterior gestión había comprado las licencias.
Contó que solicitó más información de Criptext, pero, paralelamente, los auditores de la AIG ya estaban realizando una auditoría al contrato, un trámite que, según explicó, inició en junio de 2014, días después de que se le pagara a Innovative Venture por la herramienta.
“Con posterioridad a la reunión que tuve con él, es que recibo los primeros informes de la auditoría a raíz de que pregunté cómo se estaba usando la aplicación. Así que el administrador [del sistema] me da su informe. También Auditoría menciona los hallazgos que estaban encontrando, dado que el objeto del contrato no se había cumplido”, narró.
Luego supo que la aplicación había sido usada con funcionarios de la AIG. Halman cuenta que el 2 de junio de 2014, el administrador de Criptext, Adonay Ortega, convocó a una reunión al personal para explicar el uso de la herramienta . “O sea que cuando entro [a la AIG] el 17 de julio, ya esto estaba ejecutado. Cuando me entero en septiembre [de la existencia del software] ya solo faltaban tres meses [para que venciera el contrato] y solo quedaban cuatro licencias, todas fueron instaladas con colaboradores de la AIG. Solo el 23% la estaba utilizando, o la utilizó”, explicó.
Dice, además, que siempre le respondió los correos a Mizrachi como lo hacía con todos sus proveedores. Manifiesta que le contestaba con base a la información que “ya teníamos”. “Es falso que recibí citas que no respondía”, sostuvo.
Contó que luego de que el proveedor le pidiera en un correo, del 21 de octubre de 2014, reunirse con él por 30 minutos, él le contestó: “estoy por salir de viaje, mantenemos la visita pendiente”.
También argumenta que el correo que le envió Mizrachi el 28 de octubre, en el que le manifiesta que se había pagado mucho dinero por la plataforma y no se había aprovechado, llegó a solo tres meses de que venciera el contrato. Mizrachi también menciona este aspecto en el correo.
Y referente al e-mail del 13 de enero de 2015, en el que el presidente de Innovative Venture le dice que habían reconocido desde el segundo semestre de 2014 que la utilidad que se le ha dado a la plataforma es más baja de lo normal, Halman dice que esta misiva llegó a pocas horas de que se interpusiera la denuncia del caso ante el MP.
Referente a la fianza dijo: “eso es circunstancial porque la fianza en sí, primero era solo por el 10% del valor del contrato y expiró al momento que se dio el recibido a satisfacción. O sea, eso se finiquitó”, puntualizó.
