La Fiscalía de Miami pidió al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que certifique al Secretario de Estado estadounidense que los delitos que se le atribuyen al expresidente Ricardo Martinelli son extraditables.
El memorial fue presentado este martes 1 de agosto, a menos de 48 horas de que se lleve a cabo la audiencia de extradición al exmandatario, la tercera que se celebraría desde su detención, el pasado 12 de junio, en Coral Gables. La audiencia se da para que el juez certifique si hay suficiente evidencia para sustentar la extradición solicitada por Panamá; también debe decidir si las pruebas aportadas por la defensa son admisibles. Los elementos que el juez certifique serán presentados, por escrito, al Secretario de Estado de Estados Unidos, quien finalmente decidirá si el expresidente será entregado, o no.
Los fiscales Benjamin Greenberg y Adam S. Fels han advertido que los tratados de extradición no contemplan la comparecencia de testigos ante el juez, "porque de hacerlo se echaría por tierra todo el objeto del tratado". Por eso la evidencia "de oídas" es admisible en las audiencias de extradición.
La Corte considera que un fugitivo es extraditable cuando el juez está autorizado para conducir el proceso; la Corte tiene jurisdicción sobre la persona requerida; el tratado de extradición está en plena vigencia; los delitos por los cuales se pide la extradición están contemplados por el tratado, y hay suficiente evidencia para sustentar cada uno de los cargos. En el caso de Martinelli, se le atribuye la supuesta comisión de cuatro delitos: contra la inviolabilidad del secreto, contra el derecho a la intimidad, peculado de uso y peculado de apropiación. Todos son delitos comunes y no políticos.
Los fiscales sostienen que el caso del expresidente cumple con todos estos elementos.
En su escrito, los fiscales recuerdan al juez cómo el Consejo de Seguridad Nacional interceptó las comunicaciones de políticos, sindicalistas, magistrados, dirigentes de la sociedad civil organizada, amantes y empresarios, sin que mediara autorización judicial alguna, durante los dos últimos años del gobierno de Martinelli.
Las tareas de espionaje estaban asignadas a tres personas: Ronny Rodríguez -coordinador-, William Pittí e Ismael Pittí. Los tres operaban con equipos adquiridos de las empresas israelíes MLM Protection Limitide y NSC para ese fin específico, a un costo de $13.4 millones y $8 millones, respectivamente. El trío laboraba en el último piso del edificio 150, en el Cerro Ancón. Nadie más tenía acceso a estas instalaciones.
Los fiscales mencionan las declaraciones de Jimmy Papadimitriu y Roberto Henríquez, ministros de la Presidencia en el gobierno de Martinelli y, en teoría, integrantes del Consejo de Seguridad Nacional. Ambos declararon que Ronny Rodríguez reportaba directamente a Martinelli, lo que alguna vez creó fricciones con el secretario general de dicha entidad. Uno de esos secretarios era Gustavo Pérez, quien incluso declaró que tenía prohibido ingresar al último piso del edificio 150. Otro secretario -Alejandro Garuz Recuero, que además es consuegro de Martinelli- indicó que él tampoco tenía acceso a dichas oficinas y desconocía qué actividades ilícitas se conducía ahí.
Ismael Pittí, uno de los tres espías, contó cómo funcionaba la dinámica del grupo: Martinelli directamente escogía los "objetivos" y Rodríguez, que lo visitaba todos los días en la Presidencia, anotaba los nombres y repartía el trabajo con los otros dos agentes. Pittí dice haber observado los mensajes de chat que, al respecto, Rodríguez intercambiaba con el entonces gobernante. A veces, "el jefe" -como le llamaban- ordenaba subir los audios o vídeos a Youtube. Hay dos trabajos específicos que recuerda Pittí: una grabación del exministro perredista Francisco Pachi Cárdenas en la intimidad con su pareja y una discusión de la diputada Zulay Rodríguez y su esposo por un evento de supuesta infidelidad.
También recordó cuando, en una entrevista en televisión con el periodista Álvaro Alvarado -también en la lista de los espiados-, Martinelli anunció que tenía los "dossier y el pedigrí de todos en el país" y que sabía exactamente "lo que cada persona hacía o no hacía". En ese momento, Pittí supo cuál era el propósito de las tareas de espionaje que les encomendaba el presidente, cuyo resultado contenía el sobre de papel manila que cada mañana recibía en el Palacio de las Garzas, de manos de Ronny Rodríguez.
El testimonio de Ismael Pittí data del 23 de enero de 2017. La defensa sostiene que no es válido, puesto que fue incorporado al expediente nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías-, solicitara la extradición. No obstante, su declaración sería admisible, porque -según los fiscales- lo permiten los tratados de extradición.
Los fiscales de Miami mencionan en su memorial cómo algunas víctimas fueron confrontadas directamente por el mandatario. Erasmo Pinilla, hasta hace poco magistrado del Tribunal Electoral, declaró que Martinelli le reprochó que atendiera a los perredistas Mitchell Doens y Hugo Giraud, cuando éstos le solicitaron que intercediera ante Pandeportes para poder celebrar una actividad política en un gimnasio.
Martinelli también ordenó espiar las campañas del perredista Juan Carlos Navarro y el panameñista Juan Carlos Varela, que entonces era vicepresidente de la República.
Los fiscales de Miami también incluyeron una declaración del magistrado Harry Díaz, fiscal del caso seguido a Martinelli. Díaz indicó que ninguna de las interceptaciones ordenadas por Martinelli contaban con autorización judicial, un requisito exigido en el artículo 29 de la Constitución. Díaz también hizo referencia a que dos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional -Júbilo Graell y Javier Quirós Andreve- indicaron que en mayo de 2014, poco después de la derrota electoral de José Domingo Arias y Cambio Democrático (CD), ayudaron a Ronny a llevarse un servidor informático de las oficinas del edificio 150 a la sede de Super 99, en Monte Oscuro, donde fue localizado posteriormente en una diligencia conducida por el Ministerio Público.
Otras máquinas y equipos fueron vandalizados. Los aparatos vendidos por MLM nunca aparecieron; una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que se había producido una lesión al Estado de $10.8 millones.
Martinelli permanece en el Centro de Detenciones Federales de Miami -contiguo a la Corte del Distrito Sur de la Florida-, donde ingreso el 12 de junio. El juez mantuvo la orden de detención preventiva, pese a que la defensa propuso pagar una fianza millonaria -originalmente del 10% de una fianza de $5 millones-, permanecer en su residencia bajo vigilancia las 24 horas, portar un brazalete electrónico y entregar la custodia de su avión privado.
La defensa ha presentado varias "cartas" de apoyo a su cliente, en un intento por frenar la extradición. Este martes, aportaron cinco, escritas por: Salvador Romaní Orúe, decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio; Jaime Thornton, expresidente de la junta de alumnos Sigma Nu; el reverendo Martín Añorga, Segundo Antonio Salazar e Iván Feris.
Por el mismo caso que se procesa a Martinelli, serán enjuiciados Gustavo Pérez, Alejandro Garuz, Ronny Arauz y William Pittí. Al expresidente lo investiga la Corte Suprema de Justicia, dada su condición de parlamentario centroamericano.
