Minera Panamá, S.A., empresa que desarrolla el proyecto de extracción de cobre en Donoso, Colón, asegura que su concesión se mantiene vigente, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley pactado en 1997 entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A.
En una nota de prensa, First Quantum Minerals Ltd -empresa que posee el 90% de Minera Panamá- señala que el fallo afecta únicamente la promulgación de la Ley 9 de 1997, que aprobó el contrato con Minera Petaquilla.
"Minera Panamá está en el proceso de obtener y examinar formalmente el fallo y su aplicabilidad, y está trabajando con las partes apropiadas para identificar los recursos legales adecuados. Tales recursos necesitarían ser analizados por la Corte Suprema", señala la empresa en su boletín.
El proyecto Cobre Panamá se extiende sobre 12 mil 955 hectáreas y emplea a más de 12 mil 600 personas, de las cuales aproximadamente mil 500 provienen de las comunidades vecinas de Donoso (Colón) y La Pintada (Coclé), señala la empresa en su boletín. "El proyecto es la inversión privada más grande en la historia de Panamá", concluyó.
El pleno de la Corte declaró inconstitucional el contrato ley, luego de que en 2009 el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentara una demanda contra la concesión.
En el fallo, los magistrados plantearon que “si la aprobación de la ley [9 de 1997] por la Asamblea Nacional desatiende el examen o escrutinio que ha debido realizarse para dar por bueno el contrato de concesión, es evidente que se trata de una normativa que contraría la Constitución, puesto que da por válido un contrato que en su celebración prescindió del proceso legal adecuado”.
En 1996, el Estado panameño otorgó un contrato de concesión en 13 mil hectáreas por 20 años a Minera Petaquilla, S.A., para explotar yacimientos minerales de cobre y oro en Coclé y Colón. El contrato fue blindado a través de la Ley 9 del 26 de febrero de 1997, luego de que fuera aprobado por la Asamblea Nacional.
Aunque no fue hasta 2005 cuando comienzan los primeros trabajos de exploración en la mina Molejón por la empresa que hoy se conoce como Petaquilla Gold.
Esto motivó que, en 2009, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentara ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda.
En la decisión, el pleno señala que la Ley 9 aprobó un contrato que “no cumplió los rigores” que para este tipo de concesiones se deben seguir.
El pleno de la CSJ consideró que la Asamblea no hizo el escrutinio debido en este caso, puesto que para elaborar el contrato de concesión no se tomaron en cuenta las regulaciones mineras que regían el tema, como el Decreto de Gabinete 267 de 1969, así como la Ley 56 de 1995 que regula las contrataciones públicas.
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