El Ministerio Público informó este jueves 1 de noviembre, que la documentación revelada por el diario La Prensa, en una investigación sobre el uso de los fondos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), advierte “la comisión de un delito en perjuicio del Estado” panameño.
La reacción del Ministerio Público surge luego que el pasado 29 de octubre, este diario comenzó a publicar una serie de reportajes en los que se destacaba que durante esta administración de Pandeportes, se hicieron cuantiosos aportes a las partidas circuitales de los diputados, quienes se niegan a detallar cómo usaron esos millones de dólares.
Las investigaciones de la Unidad de Investigación de este periódico reflejan que Pandeportes desembolsó a organizaciones deportivas al menos 14 millones de dólares, entre mayo de 2014 y mayo de 2017.
De acuerdo con un tuit publicado en la cuenta oficial del Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción comenzó el pasado 30 de octubre una investigación por el presunto delito contra la administración pública por los hechos relacionados con Pandeportes.
En un tuit el Ministerio Público indicó que “los hechos informados por un medio de comunicación detalla con documentación relevante de situaciones no conocidas y que advierten de la comisión de un delito en perjuicio del Estado”.
El 30 de octubre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el presunto delito Contra la Administración Pública por los hechos relacionados con Pandeportes. #PGNComprometidaContigo pic.twitter.com/5rnjfX60Is
De acuerdo con la investigación de este diario, casi el 90% de los fondos aportados por la entidad fueron a dar a las federaciones deportivas ligadas o presididas por políticos.
El diario La Prensa efectuó varias llamadas, envió cartas y mensajes solicitando a los políticos los sustentos del uso del dinero, pero no se tuvo éxito.
También reaccionó a la publicación de la investigación de este diario el Comité Olímpico de Panamá, que está solicitando que se hagan todas las investigaciones del caso y que se realice la respectiva auditoría por parte de la Contraloría General de la República.
